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La Xunta realojará a los menores de Príncipe Felipe si no hay acuerdo antes

Vista aérea de las instalaciones de la Cidade Infantil Príncipe Felipe
Vista aérea de las instalaciones de la Cidade Infantil Príncipe Felipe
La Deputación pone el 31 de diciembre como límite para dejar de acoger a los chavales que envía Política Social a la Cidade Infantil en virtud de un convenio entre ambas ► El Gobierno gallego se ofrece a dialogar para llegar a un consenso y la institución provincial critica que este lleva años desentendiéndose del problema, a pesar de que ha habido varias agresiones

La Consellería de Política Social tiene conocimiento desde hace poco más de una semana de la llegada a la Xunta de una comunicación formal de la Deputación de Pontevedra en la que la institución provincial le pone fecha al cese de la actividad asistencial de acogida que viene manteniendo con menores mediante un convenio con la Xunta iniciado a principios de los años 90 en la Cidade Infantil Príncipe Felipe.

En la misiva, según constatan fuentes de la Consellería que dirige José Manuel Rey, la Deputación pone como día límite para este ‘cierre’ el 31 de diciembre de este año.

El convenio con la Xunta prevé que Príncipe Felipe atienda hasta un centenar de menores. Actualmente, solo mantiene a 46 chavales acogidos a este acuerdo con Política Social, por el que el Gobierno autonómico aporta algo más de 700.000 euros anuales a la Deputación, con independencia del número de jóvenes atendidos (en ningún caso más de cien). Según las mismas fuentes, el número de menores con conductas conflictivas no supera los tres casos en la actualidad.

El convenio permite a la Consellería derivar a un máximo de cien menores, aunque en la actualidad mantiene a 46 

En la única reunión mantenida hasta ahora por la actual presidenta del organismo pontevedrés, la socialista Carmela Silva, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tanto la propia Silva como su vicepresidente, el nacionalista César Mosquera, solicitaron un posible traspaso a la Comunidad Autónoma de la Cidade Infantil Príncipe Felipe, que cuenta con un presupuesto de 10,9 millones de euros pero que llegó a gestionar más de 12 millones de euros al año, prácticamente un 10% de todo el Presupuesto de la Deputación.

LOS TRABAJADORES. Este fin de semana, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declaró a Diario de Pontevedra que el Ejecutivo gallego será «consecuente» con la decisión de la Deputación y «dará respuesta» al problema asistencial que generaría el fin del convenio entre ambas instituciones. Rueda Valenzuela advirtió de que la medida podría tener una repercusión directa sobre la plantilla de Príncipe Felipe.

Precisamente, ese es el mismo argumento que viene reiterando desde hace un par de semanas Comisiones Obreras. Aunque en los últimos meses este sindicato venía exigiendo a la Deputación que buscase una solución al problema existente en la Cidade Infantil por la presencia de menores con conductas conflictivas, ahora que el Gobierno provincial ha movido ficha para dejar de acoger a estos chavales en sus instalaciones, Comisiones Obreras ha cambiado la dirección de sus críticas. De hecho, su secretario comarcal, José Ramón Piñeiro, lamenta ahora que, si el plan de la Deputación es suprimir el servicio de internamiento y la UPA o dejar de recibir a los menores que envía la Xunta, parte de la plantilla sobraría y sus puestos de trabajo peligrarían.

Con respecto al planteamiento de la Deputación para traspasar a la Xunta la Cidade Infantil (ya que sostiene que las competencias en materia de menores corresponden a la Administración autonómica y no a la provincial), ayer el conselleiro de Política Social aludió a la «complejidad» de un supuesto traspaso integral.

Con todo, este afirmó su disposición a «dialogar el tiempo que haga falta» con la Deputación para llegar a un punto de acuerdo antes del 31 de diciembre y sin que ello suponga el desvío de los jóvenes a otros centros gallegos.

En base a su acuerdo con la Deputación, la Administración autonómica le aporta algo más de 700.000 euros

Rey Varela indicó que, de no ser así, el traslado a otras residencias de la red pública o concertada está garantizado para la totalidad de menores afectados por el convenio de colaboración todavía vigente. Señaló, sin embargo, la posibilidad de que Xunta y Deputación lleguen a un acuerdo que deje sin efecto la amenaza de dejar de acoger a los menores enviados por la Xunta. El conselleiro afirmó que sería factible reforzar al actual personal de Príncipe Felipe (dependiente de la Deputación) con una mayor formación específica o con más medios humanos especializados, «pero siempre fruto del diálogo», recalcó el titular autonómico de Política Social.

Para la Consellería, la situación generada a partir de la carta de la Deputación es «inédita» y su responsable político advierte de que afectará fundamentalmente a los niños, pero también al personal.

GOBIERNO PROVINCIAL. Preguntada ayer por la carta remitida a la Xunta, la Deputación pontevedresa todavía no concretó cuál es su planteamiento para la Cidade Infantil ni si, tal y como señaló Política Social, pretende eliminar el convenio con la Consellería y dejar de recibir en Príncipe Felipe a los menores que deriva dicha Administración.

El Gobierno provincial dará a conocer sus planes hoy, pues la diputada delegada de este centro, Eva Vilaverde, ha convocado una rueda de prensa para esta misma mañana.

Con todo, la Deputación reiteró ayer los mismos argumentos que había dado la semana pasada y explicó que ha dedicido tomar cartas en el asunto porque quiere poner fin a los problemas que genera la presencia de menores con conductas conflictivas que envía la Xunta valiéndose de ese convenio.

AGRESIONES. Entre esos problemas están las agresiones, la última de ellas la semana pasada, cuando un chaval de 14 años remitido por la Consellería rompió un pómulo a un trabajador del centro. Eva Vilaverde señaló entonces que era la segunda vez en un año que este menor ingresaba en la Unidade de Primeira Acollida (UPA) pontevedresa, a pesar de que dicho servicio es, específicamente, para que los especialistas realicen una primera valoración para la derivación a otros centros y que el tiempo máximo de estancia en esta unidad debería ser de 15 días, a pesar de lo cual el chico que presuntamente cometió la agresión llevaba ya bastantes más. Además, la nacionalista lamentó que esta agresión se suma a otras registradas con anterioridad y que también fueron denunciadas por Comisiones Obreras e incluso comunicadas a la Fiscalía y a la Xunta por parte de este sindicato.

La diputada nacionalista señaló que la institución provincial lleva «uns dous anos» en conversaciones con el Gobierno gallego para tratar de solucionar esta problemática y aseguró que la Administración autonómica ha mantenido la misma dinámica pese a que, según Vilaverde, son ya muchos los incidentes y los informes técnicos haciendo hincapié en que el perfil de estos menores derivados por la Xunta no es adecuado para un centro como Príncipe Felipe.

Además, recuerda que las competencias en materia de menores corresponden a la Administración autonómica. Por todo ello, afirmó, la Deputación ha optado por tomar una decisión que acabe con el problema y que hoy concretará en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Por su parte, el PP provincial también ha convocado una rueda de prensa para esta mañana.

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