La Xunta recibe 48 ofertas para asumir las líneas de autobús en licitación

La Consellería de Infraestruturas e Vivenda ha recibido al menos 48 ofertas de empresas que están interesadas en asumir la gestión de las 65 líneas de autobús que han quedado huérfanas en el área de Pontevedra, tras la renuncia de sus respectivas concesionarias a seguir adelante con el servicio. El cómputo definitivo podría sumar alguna propuesta más, dado que a última hora de este martes los técnicos autonómicos todavía seguían examinando la documentación presentada por las empresas candidatas.

El contrato que ha suscitado más interés es el que comprende la línea entre Pontevedra y Marín, para la que se han presentado 15 proposiciones de firmas interesadas en tomar las riendas del servicio, hasta ahora en manos de Autobuses de Pontevedra (perteneciente a Monbus). Le siguen los contratos de las líneas que conectan el municipio pontevedrés con Bueu y Cangas (13 ofertas) y con O Grove (otras 13). En último lugar se sitúa la concesión que incluye las líneas que enlazan la ciudad capitalina con Soutomaior, Vilaboa y Arcade, para la que se han recepcionado siete propuestas.

Las ofertas fueron presentadas a raíz de la publicación de los anteproyectos de los contratos con los que el Ejecutivo gallego pretende solucionar la caducidad de las concesiones (invalidadas por una sentencia judicial). En esta misma fase, personas y entidades ligadas al sector han presentado al menos 40 alegaciones, que ahora serán examinadas por los responsables de la Consellería.

La previsión es adaptar los contratos a estas quejas y sugerencias, a pesar de que el tiempo corre en contra. Las adjudicatarias que declinaron la invitación a continuar con el servicio deberán dejar de operar el 7 de agosto.

Según explicaron el martes fuentes de la Consellería, el próximo paso consistirá en cursar una invitación formal a las empresas que han mostrado su interés para asumir el servicio. Posteriormente se procederá a la adjudicación definitiva.

QUEJAS. La cascada de ofertas a esta primera fase del plan de transporte choca contra la oposición de buena parte de los empresarios del sector, que este mismo miércoles comparecieron públicamente para explicar su rechazo (bajo el paraguas de las federaciones del transporte de viajeros en autobús Anetra, Fegabús y Transgacar).

Uno de los concesionarios que ya ha presentado su renuncia a una de las líneas que circulan por Pontevedra (y que por lo de pronto prefiere mantener su nombre en el anonimato) señala que la propuesta autonómica "es un desastre". "Y no solo lo decimos nosotros (los adjudicatarios), sino los propios técnicos de la Xunta".

El empresario está de acuerdo en que "era necesario hacer cambios, porque las líneas regulares no son rentables", pero discrepa de la solución propuesta. Según advierte, la reordenación de las líneas deja mucho que desear y la compaginación del transporte escolar con el de viajeros "implica un cambio de horarios y de frecuencias" difícil de asumir.

Este mismo testimonio advierte de que a un mismo colegio llegarán líneas integradas escolares convencionales y líneas integradas con usuarios de a pie, lo que, a su parecer, dará lugar a una desigualdad de horarios. Según alerta, "las líneas integradas pueden llegar con retraso y hacer que se junten muchos niños en la explanada, con el consecuente peligro". En cambio, en la Xunta las fuentes consultadas mantienen que este tipo de autobuses "saldrán de los colegios a la hora de salida" y contarán con la figura del "acompañante escolar".

Otra de las circunstancias que critica el adjudicatario es que hasta ahora se exigía a los conductores del transporte escolar un certificado conforme "no habían cometido ningún delito de tipo sexual y, sin embargo, ahora vamos a abrir las puertas del autobús a todo el mundo". Además, niega que los empresarios del sector no quieran asumir el transporte escolar. "A lo que renunciamos es a la línea regular, por resultar deficitaria".

Relacionado con esto, alerta de que las previsiones de gastos de material y personal contempladas en esta primera fase del plan de transporte son irreales e insuficientes. En el caso del contrato que le atañe, con los fondos previstos para material "solo daría para cambiar una rueda al año en cada autobús (...) y el sueldo de los trabajadores se quedaría por debajo del salario mínimo interprofesional, salvo que quieran contratar por horas".

En su caso, renunció a la concesión de la que venía disfrutando "porque no era viable económicamente". Su flota de 16 autobuses realiza una media anual de entre 800.000 y 900.000 kilómetros y el año pasado la recaudación se quedó en 400.000 euros, "un importe que ni siquiera da para cubrir los costes". La plantilla de su compañía está integrada por unas 20 personas, que asumen el funcionamiento de casi 40 líneas de autobús.

El empresario avanzó que él mismo y muchos compañeros del gremio reclamarán a la Administración autonómica las pérdidas acumuladas en el último año. Concretamente, durante la prórroga automática que dictó la Xunta desde marzo de 2016 (cuando la Justicia declaró caducas las concesiones) y agosto de este año.

LÍNEAS AFECTADAS. En el área de Pontevedra han quedado en el aire siete contratos que estaban en manos de empresas dependientes de Monbus (Castromil, Transportes La Unión, Autobuses Pontevedra) y de las firmas Autos Arcade, la Empresa Raul S.A. y Autocares Rías Baixas.

Las fuentes consultadas dentro de este círculo empresarial vinculan la renuncia a motivos económicos y otros puntos flacos del plan de transporte, pero apelan a esperar a que el colectivo se posicione públicamente para emitir valoraciones más concretas.

Las líneas que se han quedado huérfanas cubren las conexiones de Pontevedra con Marín, Castelo, Fontáns, Pazos de Borbén, Cangas, Bueu, Vilagarcía de Arousa, Tui, A Cañiza y decenas de núcleos del rural pontevedrés.