Diputación y Xunta llegan a un acuerdo para evitar a los menores conflictivos en la Ciudad Infantil

La Diputación de Pontevedra y la Xunta han alcanzado un principio de acuerdo para solucionar los casos de violencia registrados en el centro Príncipe Felipe por parte de menores en acogida derivados por la Administración autonómica a esta institución.

Ambas partes redactarán un nuevo convenio de colaboración —cuyo borrador intercambiarán "en estos días"— en el que constará que los informes técnicos del organismo provincial titular de las instalaciones serán vinculantes a la hora de admitir o mantener a los jóvenes. "Los niños conflictivos y que desestabilizan el funcionamiento de Príncipe Felipe no pueden estar y los informes de la Diputación que digan que eso es así tienen que ser vinculantes", ha explicado la diputada delegada del centro, Eva Villaverde.

Este nuevo convenio contemplará que la admisión o permanencia de los menores también va a depender de los informes de los técnicos provinciales.
Así, aquellos en cuyo perfil haya constancia de episodios relacionados con las adicciones o la violencia, podrían ser rechazados y derivados a otro centro que cuente con los recursos necesarios para la atención a jóvenes con esas características.

Villaverde realizó estas declaraciones al término de una reunión con la directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, a la que también ha acudido el vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, y el director del Centro Príncipe Felipe, José Ramón Couto.

Para Villaverde, "por fin la Xunta asume" la existencia del problema de violencia, lo que ha supuesto un "salto cualitativo" necesario para que la Diputación haya mostrado "toda la disposición" a colaborar en el mantenimiento del convenio.

CASOS DE VIOLENCIA. Asimismo, ha señalado que los casos de violencia y amenazas se limitan a "cuatro o cinco" menores de los 210 usuarios del centro, que, según ha precisado, "nunca fueron un problema y siguen sin serlo".

Sin embargo, la diputada ha matizado que, en el caso de los menores conflictivos, el ente provincial tiene "todo que decir". "Era una línea roja de la que no podíamos bajar", ha insistido, en referencia a la "capacidad de decisión que tiene que tener" el organismo provincial sobre "qué niños entran o salen" del centro.

ANTECEDENTES. El actual Gobierno provincial ha recordado que desde hace dos años viene intentando resolver los problemas derivados de las conductas violentas protagonizadas por menores cuya tutela depende de la Xunta.

Así, se han producido conflictos "diarios" que han afectado tanto al resto de menores que conviven en el centro como a trabajadores, que han recibido amenazas y agresiones "de modo reiterado".

Desde el pasado mes de abril se han enviado hasta 13 informes y actas de evaluación en las que los técnicos provinciales reclamaban que varios menores fuesen cambiados de centro, sin que la Xunta les haya dado contestación, según afirman desde el organismo provincial.