La irrupción del primer semisumergible decomisado en aguas europeas en noviembre, la persecución y posterior interceptación de dos lanchas tipo planeadora cargadas con más de 3.700 kilos de cocaína en plena ría de Arousa y el abordaje de un remolcador que transportaba 4,5 toneladas más en dirección a las costas gallegas son reflejo de la brutal capacidad de los clanes del narcotráfico de las Rías Baixas en el siglo XXI. La extraordinaria labor policial ha servido para hacer daño a los lancheros. Algunos están ahora en prisión. Otros han huido, y la cabeza de todos ellos sigue plenamente operativa en Sudamérica. La visión panorámica de todo ello la tiene el fiscal Antidroga, que, tras tres años en el cargo, se enfrenta a su mayor reto: frenar una suerte de tormenta perfecta con unos investigadores de élite pero con una legislación obsoleta.
Sé que no ha tenido mucho tiempo para pararse a pensar, pero le pido una reflexión sobre lo que sucede.
En relación con la investigación que dio lugar a la incautación del semisumergible de Cangas, en su día lo consideramos una bofetada de realidad que evidenciaba hasta qué punto las estructuras criminales estables de narcotráfico podrían alcanzar logros operativos con recursos que podrían parecer impensables. Los dos casos más recientes vinieron a refrendarlo. Inciden en la misma línea. Se pone de manifiesto que los grupos criminales de narcotráfico que operan en Galicia siguen disponiendo de una infraestructura material, recursos económicos y medios personales asentados en el territorio que les permiten acometer dinámicas comisivas que, evidentemente, no forman parte del pasado.
Se ha detenido a mucha gente y desarticulado grupos, pero todos los indicios apuntan a que las mafias siguen plenamente operativas en las Rías Baixas.
Esas organizaciones siguen desarrollando sus actividades, lo que debe preocuparnos, puesto que si han podido llevar a cabo estas dinámicas que, por fortuna, hemos logrado impedir, esto quiere decir que existen otras en una esfera paralela y sobre las que no se ha podido incidir todavía, que venían operando en la misma dirección. Cuando se responde de semejante cantidad de recursos materiales, cuando hay tantas personas implicadas en una dinámica comisiva concreta, no se hace porque colaboran de un modo puntual para llevar a cabo una operación. Toda esa gente no se dedica a otra cosa más que al logro de este tipo de operaciones. Se pone de manifiesto una realidad muy preocupante respecto de la cual debemos poder reaccionar de un modo ágil y efectivo, sin que la tramitación judicial de las causas pueda suponer un efecto embudo para que ante una situación socialmente preocupante se le pueda dar una solución adecuada por parte del Estado.
¿Qué mecanismos propone?
Con una ley del siglo XIX difícilmente se pueden investigar fenómenos criminales del siglo XXI. Somos el único país de nuestro entorno en estas condiciones.
Se ha puesto de manifiesto una realidad muy preocupante contra la que debemos reaccionar de modo ágil
Cambios legislativos urgentes...
La regulación de las medidas de investigación tecnológica supuso una actualización de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015. Ya han pasado cinco años y se ha comprobado la falta de adecuación de algunos de sus artículos a las necesidades prácticas. Las medidas deben poder adaptarse a los medios tecnológicos que emplean los propios criminales. Se hace necesaria una revisión en esta materia. Necesitamos dotarnos de herramientas lo suficientemente eficaces para que ante ese tipo de actividad criminal la respuesta sea la adecuada. No a cualquier precio, pero sí con recursos procedimentales, materiales y un método de trabajo que sea el adecuado al año 2020 en relación con una investigación criminal propia del siglo XXI.
Otro problema son los tiempos de cada procedimiento.
Existen limitaciones impuestas por la legislación procesal que hay que actualizar. La Fiscalía hace un esfuerzo como equipo impulsando la actividad, adaptándose con estructuras como la red iberoamericana de fiscales antidroga, y debería asumir la Instrucción con un juez de garantías. El aparato judicial opera en demarcaciones territoriales sin las herramientas necesarias para hacer frente al crimen organizado. Todo ello debe optimizarse, si bien la actual labor de todos los servidores públicos ofrece importantes logros y hace daño a los criminales.
Estas estructuras criminales buscan adaptarse a las circunstancias para posibilitar del modo menos costoso el logro de sus objetivos. En cuanto a las formas de introducción de droga, no solo en nuestro territorio, sino a nivel internacional, es difícil que la imaginación supere a la realidad. Contenedores, transportes por vía aérea con pasajeros que llevan la sustancia en su equipaje o en su propio organismo, uso de embarcaciones marítimas de comercio lícito, ocultamiento de mil maneras distintas, incluso conformando la propia mercancía en los contenedores, o el transporte terrestre. Todo es posible.
Las estructuras dedicadas a la heroína, al hachís o a la cocaína están conectadas. Intercambian productos y se relacionan de un modo que no puede obviarse para entender la dimensión del problema al que nos enfrentamos.
