La libertad vigilada es la medida que más se aplica entre menores que cumplen condena

La Fiscalía de Menores de Pontevedra aplaude la firma del convenio 'Convive Conmigo', que supone la creación de una red de familias de acogida para jóvenes con medidas judiciales

Centro de menores Avelino Montero. RAFA FARIÑA
photo_camera Centro de menores Avelino Montero de Pontevedra. RAFA FARIÑA

La Fiscalía de Menores de Pontevedra recibe con alegría el convenio firmado entre la asociación Arela y la Xunta de Galicia para poner en marcha una red de casas de acogida de menores que tengan que cumplir algún tipo de medida judicial o educativa. La puesta en marcha de esta iniciativa supondrá que el juez pueda decretar como medida la convivencia con una familia de acogida formada para tal fin. En la actualidad, las condenas de mayor aplicación entre menores son la libertad vigilada, el internamiento en régimen semiabierto y las prestaciones a la comunidad.

De este modo, a lo largo de 2016 se decretó la libertad vigilada en 80 casos solo en la provincia de Pontevedra. En Galicia se impusieron 450 medidas de este tipo, un 83% más que el año anterior. La puesta en marcha del convenio permitirá que algunos de los jóvenes que acaban en centros de internamiento sustituyan esta medida por la convivencia con una familia voluntaria. Aunque el número de ingresos en centros de menores por sentencia judicial haya descendido en Galicia en el último ejercicio un 8,62%, los internamientos siguen siendo la segunda medida que más se aplica (en 21 casos en Pontevedra solo en 2016), ya sea en régimen cerrado, abierto, semiabierto o terapéutico. En tercer lugar, las prestaciones a la comunidad son medidas que se impusieron en 19 ocasiones a menores de la provincia, según los últimos datos disponibles.

"Nosotros pensamos que vendrá muy bien en los supuestos de violencias familiares, casos de conflictos graves que alcanzan la categoría de delito", explica la fiscal de Menores de Pontevedra, Encarnación Bullón.

Encarnación Bullón: "Pensamos que vendrá muy bien en los supuestos de violencias familiares, casos de conflictos graves que alcanzan la categoría de delito"


Los delitos por violencia familiar son los segundos más habituales en la provincia después de los que se producen contra el patrimonio, como robos, hurtos o daños. Así, en 2016 se registraron 96 infracciones de este tipo en Pontevedra, ya sean relacionadas con la violencia en el hogar o contra la mujer, según la última memoria publicada por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia. El mismo informe indica que en el total de la comunidad se produjeron 258 delitos de este tipo a lo largo de 2016, lo que supone un descenso del 16,5% con respecto a 2015.

Las infracciones más habituales entre los menores gallegos son las que atentan contra el patrimonio. De este modo, este tipo de delitos se incrementaron en Galicia un 22,43% con 846 casos en 2016. En Pontevedra, se cometieron 224 infracciones contra el patrimonio. "Tal vez el perfil de un joven condenado por robos o por otro tipo de delitos sea más complicado de encajar, lo que no quiere decir que no pueda llevarse adelante", indica la fiscal de Menores de Pontevedra, que muestra sus reservas acerca de la aplicación del programa en estos casos.

En cuanto a la puesta en marcha de la iniciativa, la Fiscalía de Menores explica que es un proceso que requiere su tiempo. La asociación Arela será la encargada de la formación de las familias que se presenten voluntarias. "Tendré una reunión con el responsable de Arela en breve plazo y empezaremos a gestionarlo. Lo primero será la selección y la formación de las familias, y cuando se consiga eso comenzaremos a pedir esas medidas. Se pedirán una serie de requisitos y no será fácil, será un proceso que tardará aún un tiempo", cuenta la fiscal Bullón.

De este modo, para poder formar parte de la red de familias de acogida es necesario cumplir una serie de requisitos como tener estabilidad emocional, la posibilidad de dedicar tiempo al menor o que no exista la motivación de cubrir el deseo de ser padre o madre. Hasta ahora esta medida solo se ejecutaba en casos de protección, es decir, cuando se le retira la tutela a los padres porque los menores no están bien atendidos. 

180 enjuiciados y 142 sentencias
A lo largo de 2016 fueron enjuiciados en la provincia de Pontevedra 180 jóvenes y se dictaron 142 sentencias, la inmensa mayoría condenatorias. Aunque el número de enjuiciados en la provincia subió ligeramente con respecto a 2015 ( un 2,8%), este dato no es significativo ya que la realidad es que en Galicia los enjuiciamientos de menores han ido descendiendo paulatinamente desde 2010. 

En general, ha descendido el número de menores que cometen delitos, pero aumentan los enjuiciamientos entre menores de 14 y 15 años un 3,27% con respecto al año anterior. 

Así, los jóvenes de esta franja de edad que delinquen suponen el 27,48% de los investigados. De todas formas, la mayoría de las personas de 16 y 17 años representan el 72,52% de los menores enjuiciados.

La mayoría de los menores que son investigados en Galicia tienen nacionalidad española. Así, en 2017 fueron enjuiciados 459 españoles (79,83%) y 116 con nacionalidad extranjera (20,17%).

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