La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos se ha convertido en una pesadilla para los concellos. Los nuevos requisitos para la contratación de obra pública, en vigor desde el pasado 9 de marzo, han provocado un "parón" en la contratación de obras y servicios. Y lo ha hecho en uno de los peores momentos para los gobiernos locales: en la antesala de las elecciones de 2019, cuando se presentarán a los ciudadanos los hitos de sus respectivos mandatos.
Los que peor lo están pasando son los municipios más pequeños. Marín, Poio y Ponte Caldelas reconocen que les falta personal para hacer frente a todos los cambios legislativos. Los más importantes son los que afectan a los contratos de menor cuantía, los más utilizados a nivel municipal.
El reglamento estatal ha limitado los contratos menores: los de obras pasaron de 50.000 a 40.000 euros y los vinculados a suministros se redujeron de 18.000 a 15.000 euros (sin IVA). Los negociados sin publicidad, que hasta hace mes y medio se utilizaban para pequeñas obras y chapuzas, están prohibidos.
Vilagarcía teme que puedan perderse subvenciones que se conceden con límite de plazos y Sanxenxo redobla esfuerzos contra la parálisis
MARÍN Y POIO. "La Ley ha supuesto un parón importante. Nos está costando mucho adaptarnos desde todos los servicios", reconocía este lunes la alcaldesa de Marín, la popular María Ramallo.
En esta localidad, los funcionarios están ajustándose a la nueva normativa. "Al final se introducen más elementos que es necesario estudiar con carácter previo antes de utilizarlos", señala.
En la misma línea se manifiesta el alcalde de Poio, Luciano Sobral (BNG). "É un verdadeiro atranco, porque os concellos non temos tanta capacidade. Se xa con participar nos plans de obras e licitar proxectos estamos ata arriba, a nova Ley complícao", subraya.
El Ayuntamiento poiense, al igual que los de su área de influencia, se ha visto obligado a adaptar contratos a las nuevas exigencias legales. "Comezamos coa redacción dos máis pequenos, como os de servizos e subministro de materiais de construción", apunta.
Afloran los contratos de emergencia para sortear la limitación de gasto en casos como la rotura de una tubería de abastecimiento
En Pontevedra, la Ley de Contratos ha obligado a reiniciar proyectos casi desde cero. Los pliegos técnicos se han reseteado en obras como la construcción del parque infantil de Médico Ballina.
Capital y caldelas. El Concello capitalino afronta ahora un importante reto: el nuevo contrato de basuras. El reglamento estatal obliga a dividir en lotes las grandes concesiones, como esta que afecta a los residuos. Esta situación obligará a despiezar los servicios de recogida de basura, limpieza vial y limpieza de colegios y dependencias municipales.
A Ponte Caldelas, la entrada en vigor de la normativa le pilló en pleno proceso de contratación de varias obras que hubo que resetear. Su alcalde, Andrés Díaz (PSOE), aplaude el control, pero cree que en el caso de servicios menores provoca "unha burocracia moi longa". Esto está provocando que se eche mano de la contratación de emergencia para hacer frente, por ejemplo, a la compra de material suficiente en caso de roturas de tuberías del abastecimiento de agua, cuyo gasto está ahora muy limitado.
VILAGARCÍA Y SANXENXO. En la comarca de O Salnés también está haciendo mella la nueva Ley de Contratos. "Aunque el objetivo es el de garantizar la absoluta transparencia de los procedimientos de contratación, en la práctica, por lo menos al principio, lo que provoca es una mayor ralentización a la hora de licitar y adjudicar contratos, procesos que ya antes eran lentos debido a los plazos legales", explican responsables del Gobierno local de Vilagarcía.
El Consistorio vilagarciano teme además que estas demoras puedan provocar la pérdida de subvenciones. "Cuando se conceden hay que justificarlas dentro de unos plazos", advierte.
En Sanxenxo reconocen que habrá más competencia en los concursos públicos y que se han redoblado esfuerzos para adaptar sus medios (sobre todo tecnológicos) a la nueva Ley.
