Tres son los litigios en los que está inmersa la empresa concesionaria de la AP-9. Si el pasado lunes una sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra a favor de los usuarios de la autopista ponía el foco sobre Audasa al anunciar que deberá devolver los "peajes abusivos" cobrados durante las incidencias registradas en las obras del puente de Rande, este martes se conocía un segundo fallo, en esta ocasión favorable a la compañía.
En este caso, el Tribunal Superior dictó sentencia por los llamados "peajes en sombra". En esta ocasión, el Estado -que se posicionó al lado de la concesionaria en el litigio con los usuarios- será quien deba indemnizar a Audasa con 14 millones de euros por haber recortado en 2017 la compensación que recibía por la supresión del cobro de los peajes en los itinerarios Vigo-O Morrazo, A Barcala-A Coruña e inversos.
►¿Quién puede reclamar los peajes por las obras en Rande?
En este fallo, el Tribunal Supremo estima el recurso presentado por la compañía, que solicitaba ser resarcida por el perjuicio que, asegura, le causó una modificación "unilateral de la concesión" basada "sobre uno de los elementos esenciales del contrato", el peaje por sistema de tarifa.
Según la sala de lo Contencioso-Administrativo, hasta 2006 los tramos Vigo-O Morrazo y A Barcala-A Coruña e inversos se regían por el "peaje al sol", es decir, era el usuario quien abonaba directamente la tarifa al utilizar la autopista, si bien este sistema era compatible con la existencia de ayudas para los residentes.
Audasa vs Estado
El Estado deberá indemnizar a la concesionaria por recortar la cantidad que recibía por los "peajes en sombra"
Sin embargo, ese mismo año la Administración General del Estado acordó con la Xunta y con la sociedad concesionaria la supresión del cobro del peaje a todos los vehículos que efectuasen los citados recorridos. A cambio, el Estado y la propia comunidad autónoma, "a partes iguales", se comprometieron a compensar a Audasa por el paso "al peaje en la sombra", con el objetivo de "solucionar los problemas de tráfico" en estos itinerarios. La sentencia subraya que los ingresos de la concesionaria seguían dependiendo de los tránsitos de la autopista a pesar del cambio de pagador.
Posteriormente, en 2017, el Gobierno aprobó hacerse cargo de forma íntegra de la compensación hasta 2048, año en el que finaliza la concesión de la AP-9. El mismo real decreto preveía recortar la cuantía a abonar a la empresa tras constatar "una diferente evolución de los ingresos por el peaje de los tramos en los que se implantó la supresión del cobro respecto a los del resto de la autopista".
Este hecho, explicaba el Ejecutivo entonces, había generado una "situación perjudicial para las administraciones implicadas" y suponía un "cierto enriquecimiento injusto" de la concesionaria.
Usuarios vs Audasa
En-colectivo denunció ante la CE a Audasa que las prórrogas de 1994 y 2000 vulneran la norma comunitaria
Ahora el Supremo da la razón a la concesionaria y sentencia que la normativa "impide" variar el régimen de retribución del contratista "cuando se alteren las bases" y la compensación pase a depender de "elementos extraños al sistema inicialmente determinado". Y reconoce el derecho de Audasa a ser indemnizada con 14 millones más los intereses resultantes.
EUROPA. Todavía queda un tercer litigio por resolverse. La agrupación En-colectivo, que promovió la demanda contra Audasa por el cobro de los peajes durante las obras de Rande, denunció ante la Comisión Europea que las prórrogas concedidas en los años 1994 y 2000 a Audasa vulneran la normativa comunitaria porque consideran que se debería haber convocado un nuevo concurso público para que otras empresas pudieran optar a explotar la AP-9.
Los denunciantes plantean que las dos prórrogas recibidas infringen la Directiva 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. Ambas moratorias autorizan a la compañía a explotar la AP-9 hasta el año 2048.
La denuncia explica que la segunda de las prórrogas habría vulnerado los principios que se contenían en el Libro Verde de la Contratación Pública en la Unión Europea de 1996, en el que se consideraba que son contrarias al derecho comunitario la modificación sustancial del pliego de condiciones durante el procedimiento y la modificación de las condiciones de financiación, porque se trata de cambios sustanciales que exigen una nueva licitación.
LA EMPRESA. AUDASA DECIDIRÁ "EN LOS PRÓXIMOS DÍAS" SI RECURRE LA SENTENCIA DE LOS PEAJES ABUSIVOS
La empresa que explota la AP-9 decidirá "en los próximos días" si recurre la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra y que insta a la concesionaria a devolver los peajes cobrados a los usuarios durante las 81 incidencias de tráfico registradas por las obras del Puente de Rande.
Fuentes de Audasa destacaron ayer que la sentencia desestima las pretensiones del Ministerio Fiscal a la hora de reclamar una indemnización por daños y perjuicios por estos hechos, explica que las repercusiones en el tráfico fueron "mínimas".
La concesionaria explicó que la sentencia establece que la ejecución de estas obras "no generó demoras superiores a 1 o 2 minutos en la casi totalidad del tiempo en el que se prolongaron" y, con ello, no implicaron "una falta de cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria".
Según Audasa, la sentencia refleja que el tiempo de incidencias es "inferior al 0,3% del sugerido por la Fiscalía" y "las centra exclusivamente en un tramo de menos de 3 kilómetros de longitud". La ampliación de 4 a 6 carriles del puente de Rande, "vino motivada por la necesidad de adaptar el tramo de la AP-9 a las circunstancias actuales del trafico", detalló.
INFRAESTRUCTURAS. ETHEL VÁZQUEZ AFEA AL GOBIERNO SU POSICIONAMIENTO A FAVOR DE LA EMPRESA EN EL JUICIO
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, afeó ayer al Gobierno central su "posicionamento a favor de Audasa" en el juicio por el cobro de peajes abusivos durante las obras de Rande y le intó a "tomar nota" del fallo, que condena a la concesionaria a devolverlos.
"A Xustiza deu unha mensaxe clara: que os usuarios de la AP-9 teñen dereito a un servizo de calidade por autopistas que son de peaxe", manifestó la conselleira. Del mismo modo, Vázquez instó al BNG a "reflexionar" por dar su voto a "un Goberno que o que fixo foi apoiar á concesionaria nese xuízo e non aos usuarios".
