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Lores sobre Ence: "A única posibilidade de manter os postos de traballo é buscar outra ubicación"

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. DP
Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. DP
El alcalde de Pontevedra espera que la Audiencia Nacional declare ilegal la prórroga

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, tildó este miércoles de "absolutamente lamentable e condenable" el polémico vídeo en el que el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares y Brunet, habla de posibles problemas de seguridad en la pastera de Lourizán. "Con esta caldera de recuperación (...) podemos tener un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento, que puede afectar a personas", dijo el también consejero delegado de la compañía.

El regidor del BNG considera que las afirmaciones de Colmenares deben ser aclaradas tanto por la empresa como por parte de las administraciones que deben velar por la seguridad de la pastera: la Xunta, con competencias en medio ambiente e industria, y el Ministerio para la Transición Ecológica, responsable de la concesión que la fábrica tiene en vigor. "Imos tramitar un requerimento para que nos informen de cal é a situación de seguridade da fábrica neste momento", dijo Lores, que indicó que "eses hipotéticos perigos (...) non serían só para Pontevedra, senón tamén para os propios traballadores" de la planta.

En el escrito, enviado este miércoles en lengua gallega y española, se pide a Colmenares que "explique o alcance do risco ao que alude ou, no suposto de negalo e rectificar, acredite documentalmente as condicións de seguranza da instalación e, particularmente, da caldeira de recuperación, pregándolle neste caso que indique o motivo que lle levou a sementar esa alarma entre a cidadanía". 

El requerimiento, que lleva la firma del concejal de Urbanismo, Xaquín Moreda, reclama a dos organismos autonómicos (la Dirección Xeral de Calidade Ambiental y a la Dirección Xeral de Planificación Estratéxica e Recursos Naturais) y uno estatal (la Dirección General de Costas) "a realización das inspeccións e verificacións correspondentes por persoal técnico competente, particularmente da caldeira de recuperación e demais instalacións do complexo fabril". El documento también se remite a la Dirección Xeral de Emerxenxcias, de la Vicepresidencia Primeira de la Xunta, así como a la Subdelegación del Gobierno, "competentencias en materia de emerxencias e seguranza cidadá para o seu coñecemento e oportunos efectos". 

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En paralelo al mantenimiento del complejo industrial, Lores también se refirió al anuncio de cierre "inminente" que el máximo representante de Celulosas ha puesto encima de la mesa si el Gobierno central aprueba la nueva Ley del Cambio Climático, con la que la compañía difiere en la conjugación de un verbo. "Ence ten que cumprir a lei igual que o resto das empresas do país. Pero parece que estes señores teñen dereito de pernada e poden facer o que lles dea a gana", expuso el líder nacionalista, que aludió a las puertas giratorias de la empresa para personas vinculadas al PP.

"Fórono facendo aos poucos, metendo xente politicamente afín ao Partido Popular dentro do consello de administración, que vai modificando a lexislación coa idea final de manterse na ría. Con iso vanse topar de fronte co Concello de Pontevedra. Non o imos aceptar. Sufrimos durante 60 anos esta fábrica nunha ubicación que nunca debeu ser. Polo tanto, xa é hora de que se vaia indo", añadió.

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 El alcalde capitalino espera que la sentencia de la Audiencia Nacional sea favorable al Concello en su recurso contra la prórroga de 60 años aprobada por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016. "No seu momento declaramos a Mariano persona 'non grata' porque lle deu unha prórroga de dubidosa legalidade. Iso está nos xulgados e eu espero que, cando saia a sentenza, se recoñeza que foi ilegal", dijo para luego defender que las concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre deben ser de, como máximo, 75 años.
 
 TRASLADO. Lores reiteró que el objetivo del Concello no ha variado respecto a la factoría. "Queremos recuperar a ría. E, para facelo, é inevitable trasladar a Ence da súa ubicación", subrayó. "Eu teño que dicir que a min preocúpanme os postos de traballo, como todo o mundo. A única forma de que eses postos de traballo se manteñan non tempo é buscar unha ubicación alternativa, cunha tecnoloxía diferente, cun espazo que non afecte a zonas urbanas e cunha política de descontaminación suficiente. Esa é a única garantía", apostilló.

En este sentido, cree que "parte ou gran parte" del comité de empresa de Ence está de acuerdo con un proyecto industrial fuera de los terrenos protegidos que ahora ocupa el complejo industrial en Lourizán. "Outros están defendendo unicamente os intereses da empresa", indicó.
 
El regidor nacionalista aseguró que la pastera "en ningún momento acepta" la salida de la ría por las "vantaxes" que les genera a nivel empresarial.

La primera vez que Celulosas reconoció públicamente que no quería irse de Pontevedra fue en diciembre de 2011. Entonces la empresa amenazó con irse de Galicia si no se garantizaba su continuidad al lado de la ría más allá de 2018, que era cuando acababa su concesión original. La modificación posterior de la Ley de Costas, aprobada en 2013, abrió la puerta a su permanencia. La firma asegura desde hace diez años que el traslado es inviable por su coste, que ha cifrado en unos 700 millones de euros, y la ausencia de una ubicación "adecuada". 

"Están agarrándose, pero con malas artes, con ameazas. Esta vez pasáronse e terán que explicar que hai de realidade no plantexamento que fixeron", afirmó sobre el contenido del polémico vídeo, que la compañía dice que se ha sacado de contexto.

PP Y PODEMOS. La nueva polémica en torno a la continuidad de Celulosas llevó este miércoles al PP a volver a poner el foco de sus críticas en el Concello. Su portavoz, Rafa Domínguez, aseguró que el cierre de la pastera, que cuenta con una plantilla de 450 personas, generaría un impacto mayor para Pontevedra que el que supondría la salida de la planta de PSA Peugeot Citroën de Vigo, que tiene 7.400 operarios.

El líder del principal partido de la oposición anunció que llevará una moción al próximo Pleno municipal con el "apoyo a los puestos de trabajo de Ence". "Les digo ahora mismo a todos los trabajadores de Ence, a sus familias, a las empresas y negocios de Pontevedra, que se preparen para lo peor. Son 5.000 familias que Lores y el PSOE llevan a la ruina y sin ningún remordimiento. Y lo que es peor, sin darles ninguna alternativa", dijo Domínguez, que arremetió contra la "inacción de este Gobierno municipal en materia de empleo". "Lores, desde que es alcalde, no ha sido capaz de traer ninguna empresa a nuestra ciudad. De hecho, solo es conocido por echarlas. Es el campeón del paro y sigue luchando por mantenerse ahí", concluyó.

Unidas Podemos insta al Gobierno a decretar el cierre cautelar de la planta
Unidas Podemos ha instado al Gobierno central, del que forma parte, a decretar el cierre cautelar de la actividad de la planta de Ence en la ría de Pontevedra hasta que "una inspección independiente" compruebe el estado de las instalaciones. 

En un comunicado, el portavoz de Galicia En Común, Antón Gómez-Reino, también anima a la Fiscalía a actuar de oficio y abra una investigación que determine "posibles afecciones sanitarias y ambientales" sobre el personal de la factoría y el entorno. 

Al hilo de la difusión de unas declaraciones del consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, en las que hablaba de un posible "susto" medioambiental en Lourizán, el diputado y secretario xeral de Podemos Galicia demanda que desde el Estado "se despeje" las dudas sobre el estado de la planta a través de una inspección independiente. 

Gómez-Reino ha incidido en que Ence "ha sido repetidamente condenada por delitos e irregularidades ambientales" con la "descarada complicidad" de la Xunta, a la que acusa de no ejercer sus competencias en lo relativo a la factoría pontevedresa. 

Así las cosas, tras reivindicar el trabajo realizado en las últimas década por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), Unidas Podemos apela a las administraciones a "certificar" el estado de las instalaciones en aras de minimizar riesgos. 

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