"Foi unha reunión na que houbo unha actitude moi receptiva por parte do Ministerio". El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, valoró así el encuentro que este lunes mantuvo en Madrid con la secretaria de Estado de Transportes, María José Rallo del Olmo, por la aplicación de la zona de bajas emisiones, que todos los municipios de España de más de 50.000 habitantes tendrán que aplicar antes de 2023 para reducir tráficos.
El regidor del BNG, que acudió en calidad de presidente de la red Ciudades que Caminan, en la que están adheridas más de 60 urbes de todo el país, defiende la vía pontevedresa para la implantación de las medidas que buscan reducir la contaminación en las ciudades. En la actualidad, el desarrollo de la Ley que ampara las zonas de bajas emisiones solo incluye dos supuestos: el cobro de algún tipo de peaje para los conductores que quieren acceder al casco urbano o que la entrada solo esté permitida a vehículos eléctricos o con etiquetas eco. Ambas opciones irían al bolsillo de los particulares, sea de forma directa o indirecta.
Pontevedra defiende que existe una tercera alternativa, sin coste alguno, que es la que viene impulsando desde hace más de dos décadas a través de su modelo urbano: reducir la circulación a lo mínimo necesario para que la ciudad funcione. Lores apuesta por la "restrición drástica dos vehículos que non necesitan entrar obrigatoriamente na cidade, independentemente da etiqueta que teñan". Asegura que los objetivos medioambientales, de calidad urbana y de vida que persigue el Gobierno central son los mismos que tiene en marcha el sistema de movilidad pontevedrés. "É óbvio que é moito mellor que os vehículos que entran nas cidades sexan eléctricos ou con etiquetas eco, pero cremos que se pode cumprir cos obxectivos da Ley de Transición Ecológica igualmente", añadió.
Rallo del Olmo se comprometió a estudiar las alegaciones presentadas por la red Ciudades que Caminan y ver en el encaje de sus propuestas en la futura normativa de movilidad a nivel estatal, que Lores ve "moi restritiva". "Dá a impresión de que está feita para favorecer ao lobby dos automóbiles. Nas cidades hai que restrinxir o tráfico en xeral, especialmente aquel que non é preciso para que as cidades funcionen", recalcó.
