"A los enfermos de cáncer nos ningunean mientras nos morimos de hambre"

Las secuelas que deja un cáncer superan en la gran mayoría de los casos el terreno de lo físico. Los efectos de la quimioterapia y la radioterapia son solo la punta de un iceberg que también encierra problemas para regresar al mercado laboral y enormes dificultades para mantener la economía a flote. La abogada y periodista Beatriz Figueroa (Vigo, 51 años) lo ha sufrido en sus carnes. Hace seis años le diagnosticaron cáncer de mama, cuando estaba en paro. La enfermedad le dejó secuelas limitantes y una dependencia de revisiones médicas que lastra su reincorporación al trabajo. Cuando se le acabó la prestación por desempleo, la Administración le concedió un subsidio por valor de 426 euros mensuales. Ahora cobra algo más de 500, una cantidad minúscula para hacer frente a los gastos del mes y el pago del 40% de los fármacos que precisa. La Administración le ha reconocido una incapacidad permanente total, una categoría compatible con la actividad laboral y que el INSS le llegó a denegar en tres ocasiones. El único modo de obtenerla fue a través de una sentencia judicial.

Su situación le llevó a encabezar una lucha para proteger a los enfermos oncológicos en el terreno económico y social. Hasta la fecha ha impulsado una recogida de firmas en la plataforma Change.org (que suma ya casi 600.000 rúbricas) y ha promovido una proposición no de ley y una proposición de ley. Ambas fueron apadrinadas por el BNG y apoyadas por la mayoría de los grupos políticos, pero de momento se han quedado en la trastienda por el rechazo del PP. En su pulso a la Administración, que también incluyó una huelga de hambre y el agitamiento de conciencias en las redes sociales, conoció a Isabel Carragal, la marinense con metástasis que falleció el pasado lunes y a la que la Seguridad Social le negó la incapacidad laboral absoluta. Según advierte, su muerte se suma a la de otros conocidos suyos que perdieron la vida esperando a que se le reconocieran sus derechos y que Beatriz considera "que no son casos aislados".

RENTA MÍNIMA. Este contexto es el que le hace insistir en la necesidad de cambiar la ley para que el reconocimiento de la incapacidad laboral de los enfermos de cáncer sea más rápida e incluso automática en los casos más graves.

La incapacidad total es compatible con la vida laboral y se retribuye con el 55% de la base de cotización, mientras que la absoluta no se puede compaginar con trabajo y está valorada en el 100% de lo cotizado. La cantidad varía en cada caso. El problema se agrava si la enfermedad aparece cuando el afectado está trabajando "a media jornada" o directamente "en paro" pues, sea como sea el cálculo, en la mayoría de los casos la retribución resulta insuficiente, más aún cuando el afectado es el pilar de la economía familiar o vive solo.

En el caso de los enfermos a los que no se les reconoce la incapacidad y que se ven abocados a recibir un subsidio, Figueroa critica que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) "se haya actualizado por última vez en 2010". Desde entonces, está cuantificado en "532,51 euros, una auténtica miseria, porque ni siquiera se percibe el 100%, sino el 80%".

Unas y otras retribuciones le hacen reclamar una renta mínima para los enfermos de cáncer con dificultades para volver al mercado laboral, independientemente de su base de cotización. "Cuando se llega a una incapacidad absoluta por una enfermedad sobrevenida, se debería tener una renta mínima de supervivencia. Tú no tienes la culpa de enfermar a los 40 años y de que no te haya dado tiempo a cotizar más de 20 años o de estar sin trabajo. En mi caso, cuando me dijeron que se me acababa el paro y que iba a recibir 426 euros estaba recibiendo quimioterapia y lo único que pensaba era en cómo iba a pagar las facturas. No me preocupaba vomitar ni los otros efectos. Por unos instantes quise que quienes habían hecho esas leyes se pusieran en mi sitio, porque eso es lo que no pasa, que no se ponen en nuestro lugar (...). A los enfermos de cáncer nos ningunean mientras nos morimos de hambre".

Otra de sus reclamaciones es que las denuncias judiciales sean más ágiles. "En mi caso tardaron trece meses, demasiado tiempo para esta enfermedad". Además, pide planes específicos de empleo que fomenten la inserción y la formación de los enfermos de cáncer que no pueden seguir en su trabajo habitual y que se ven obligados a seguir en activo, "la gran trampa de las discapacidades totales".