Pirámide

Los inquilinos de los locales de Patoco tendrán preferencia en su compra

El acuerdo de la Fiscalía con los letrados de los herederos y exsocios del narco fallecido incluyó el decomiso de un inmueble que ocupa Mango en Benito Corbal ►La discoteca Pirámide será subastada
El local que ocupa la tienda Mango en Benito Corbal pertenecía a los herederos de Patoco
photo_camera El local que ocupa la tienda Mango en Benito Corbal pertenecía a los herederos de Patoco

Los inquilinos de los innumerables locales comerciales, así como de las viviendas, que fueron decomisadas por el Estado como parte de la fortuna de los exsocios y herederos del narcotraficante Manuel Abal Feijoo, Patoco, tendrán un derecho preferente a la hora de adquirirlos. Así lo confirmó la Fiscalía Antidroga a este periódico, que indicó que a partir de ahora los trámites se regirán por la legislación civil, que contempla excepciones en este sentido. Los bienes, que en un breve plazo de tiempo pasarán a disposición del Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), proceden del mayor decomiso de la historia del narcotráfico en Galicia, que, como adelantó este periódico en su edición del sábado, afecta al colosal patrimonio amasado por los familiares de la leyenda de las planeadoras que perdió la vida en un accidente de moto en 2008.

Entre los inmuebles aprehendidos a la red dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas ubicados en Pontevedra destacan un local en la calle Peregrina que actualmente ocupa un bazar oriental y el bajo de Benito Corbal en el que se ubica la tienda de moda Mango (valorado en cerca de un millón de euros), edificio en el que los herederos de Patoco también poseían siete plazas de garaje. Todo ello pasa a disposición del Estado, aunque, como se ha dicho, serán los inquilinos (que nada tienen que ver con la actividad delictiva de los procesados) los que tendrán preferencia a la hora de adquirir los bienes cuando sean puestos a la venta en el marco del Plan Nacional sobre Drogas.

PIRÁMIDE. El futuro de la discoteca Pirámide es la subasta. El establecimiento de ocio, que, según los investigadores, sirvió para que Patoco y Fernández Blanco comenzasen a blanquear los pingües beneficios que obtenían a través de la introducción de cocaína en las Rías Baixas, ha pasado ya a disposición del Estado. El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los investigados así lo contempla, de manera que la joya de la corona de Manuel Abal será subastada en cuanto los trámites administrativos previos del Plan Nacional Sobre Drogas así lo permitan. Así, cesará de forma provisional la actividad de una de las discotecas más conocidas de O Salnés y que en los últimos meses se dedicaba a la organización de despedidas de soltero, entre otras ofertas de ocio. En todo caso no se descarta que su uso vuelva a ser similar, en función de los intereses de la persona o la sociedad que adquiera el local y sus terrenos anexos.

Otro inmueble de gran interés que será subastado es el hotel Punta Lucero, ubicado en pleno paseo marítimo de Portonovo, entre la lonja y la playa de Caneliñas, con espectaculares vistas al mar.

ENERGÍA ELÉCTRICA. Otro bien de un gran valor que pasa a manos del Estado tras la sentencia publicada en exclusiva por este periódico el pasado sábado es una mini central eléctrica ubicada en el río Barra, en Ourense, adquirida en su día por una de las sociedades de la familia de Patoco que ha sido disuelta en virtud del dictamen.

La histórica sentencia dictada contra los 25 procesados podría haber sido aún mayor de no mediar el acuerdo entre la Fiscalía y los letrados de los investigados. El interés del Estado, a cuyas arcas no convienen los bienes hipotecados, y de la Justicia, que buscaba una sentencia condenatoria sin posibilidad de recurso, se tradujo en un auto final que incluye 131 bienes (116 inmuebles y 15 vehículos y embarcaciones), 33 depósitos bancarios y la disolución de numerosas empresas empleadas para la ocultación de los bienes. Las penas de cárcel, sin embargo, fueron reducidas (entre tres meses y un año y medio), por la confesión tardía de los hechos y por el retraso a la hora de afrontar el juicio oral.

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