Militares y extrabajadores de Defensa han decidido dar un paso al frente para urgir la venta de las viviendas que ocupan en el barrio de Campolongo, donde llevan casi dos décadas pagando un alquiler de entre 250 y 300 euros al mes.
La liberalización de los inmuebles está prevista desde el 21 de abril del año 1997, cuando el entonces Gobierno local y el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas firmaron un pacto para sacar al mercado cerca de 250 pisos ubicados en este barrio. Sin embargo, el acuerdo no comenzó a ser perfilado hasta 2005 y, en la actualidad, sigue sin ser ejecutado. este jueves mismo, fuentes municipales aseguraron que la negociación «está paralizada» y que no hay visos de tener noticias a este respecto en un plazo corto de tiempo.
Esta falta de movimiento crispa a los afectados, que consideran un despilfarro el haber destinado sus ahorros durante años a un alquiler. Según precisa uno de los inquilinos, Ricardo Fernández, sería preferible haber invertido esas cantidades en la compra que llevan «esperando tantos años» y en la que está previsto que los actuales moradores tengan prioridad frente a otros aspirantes.
En la opinión de este testimonio, militar retirado, la situación se debe a la «ineptitud, desidia y abandono» de las administraciones implicadas, esto es: el Concello, la Xunta y el ahora Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), perteneciente al Ministerio de Defensa. De otro modo no se explica que hayan pasado tantos años sin novedades en el mencionado convenio y sin un solo paso en firme para desatascarlo. «Estas viviendas de Pontevedra, junto a las de la ciudad del aire de Murcia, son las únicas que no se han vendido», precisa el afectado.
La hemeroteca prueba la falta de progresos. La última actuación que trascendió sobre esta operación fue una visita de Antón Louro a Campolongo celebrada en septiembre de 2013, en la que manifestó su intención de adjudicar a la asociación de vecinos de Campolongo uno de los locales que prevé ceder el Invied. Desde entonces, el asunto parece haber quedado olvidado en la agenda política.
PARCHEADO. Aparte del gasto derivado del alquiler, un buen número de militares han orientado gran parte de sus ingresos a reformar sus viviendas con vistas a convertirlas en su domicilio definitivo.
Ricardo es uno de ellos y uno de los que han destinado importantes cantidades a la rehabilitación de su piso, ubicado en un complejo de tres bloques que fue levantado hace unos cuarenta años en la calle Manuel del Palacio. El resultado y el importe de estas obras no son motivo de queja, pero sí la actitud del Invied frente a los desperfectos que presentan los inmuebles a causa del uso y de la antigüedad de las construcciones. Según denuncia este mismo testimonio, el Instituto tiene por costumbre arreglar las deficiencias y averías con «parches», en lugar de afrontar la rehabilitación integral que está pidiendo a gritos el conjunto de pisos.
Además, hay quejas que no han sido atendidas como, por ejemplo, pérdidas de agua sanitaria, inundaciones puntuales en los garajes y problemas en las ventanas, que hacen que el calor de la calefacción se esfume con pasmosa facilidad y la factura de calefacción y agua caliente se eleve hasta los «150 euros mensuales». Otro motivo de reclamación es el estado de los bajos de la fachada, que llevan apuntalados desde finales del verano pasado, y la colocación de una verja que atenta «contra la seguridad» de los alumnos del colegio de la Armada.
De las 26 viviendas que hay en Manuel del Palacio, están vacías unas diez, cuyos gastos corren a cargo del Invied. Ello incrementa la incomprensión de los afectados pues, según advierte su portavoz, la liberalización permitiría al Instituto reducir gastos.
Las viviendas de Fernández Ladreda están en una situación «similar» y sus inquilinos también quieren acceder a la compra de los pisos. La idea original es que el precio de compra sea la mitad del que marca el mercado, a razón de unos 60.000 euros por entre 105 y 110 metros cuadrados.
