Una legislatura en dos tiempos: la del PP de Mariano Rajoy, primero, y la del PSOE de Pedro Sánchez, después. Y ningún avance destacable en materia de infraestructuras para Pontevedra. El nuevo Gobierno que se conforme a partir de los ajustados resultados de las generales del domingo tiene ante sí varios retos. Entre ellos, sacar del cajón proyectos como el de la circunvalación, la reforma del Nudo de Bombeiros y el paseo peatonal a Marín.
El primer tramo de la autovía A-57, entre Vilaboa y A Ermida, en la parroquia pontevedresa de Marcón, sigue en obras. Su construcción empezó oficialmente en octubre de 2015 y tenía que estar acabada en febrero de este año. Un cambio en el diseño del trazado, aprobado a última hora, ha hecho variar el calendario final de los trabajos. Aún así, se desconoce cuándo estará lista esta nueva carretera de alta capacidad.
Tampoco se sabe qué ocurrirá con los siguientes tramos de esta vía, cuya ejecución apoyan todos los partidos salvo Unidas Podemos y En Marea. El que discurrirá íntegramente por el municipio pontevedrés, entre A Ermida y Pilarteiros, continúa con la fase administrativa. El Ministerio de Fomento estudia las numerosas alegaciones presentadas contra el diseño de la autovía, que unirá las parroquias de Marcón y Santa María de Xeve.
El tramo de la A-57 que llegará al concello de Barro, entre Pilarteiros y Curro, también se encuentra atascada por la burocracia y la falta de fondos. El proyecto se expuso al público el verano pasado, pero el diseño no convence a todo el mundo. De hecho, se estudia la posibilidad de variar el trazado variando así el último kilómetro de la autovía en su llegada a Curro. El objetivo sería alejar esta infraestructura de los núcleos poblados.
Una de las obras que estaba más avanzada era la reforma del Nudo de Bombeiros. La actuación, presupuestada en 6,22 millones de euros, sigue pendiente de un acuerdo entre Fomento y Audasa. El Gobierno llegó a anunciar la inminente licitación de estos trabajos para verano de 2016. Casi tres años después de aquel compromiso, los trabajos ni siquiera han salido a contratación.
La obra en el entorno de Bombeiros supondrá la mejora de la seguridad vial en la zona, con nuevas conexiones hacia la autopista y con espacios para peatones y ciclistas. De hecho, la construcción de una senda para viandantes y ciclistas es una vieja reivindicación. En la actualidad, el paso por el puente para ir desde Bombeiros hasta As Correntes es muy estrecho y peligroso.
Otra de las obras que deberán concretarse es la construcción del paseo peatonal a Marín, que tampoco es del agrado de todas las formaciones. Marea y el PSOE local le han puesto pegas. Sin embargo, tanto los Ejecutivos dirigidos por Rajoy y Sánchez incluyeron esta actuación en sus presupuestos. Las cuentas de los "populares" salieron adelante, pero no pudieron ejecutarse debido a la moción de censura que desalojó a la formación de derechas de La Moncloa. Las de los socialistas tampoco llegaron a buen término, al no poder lograr los apoyos suficientes para su aprobación.
El traspaso de la autopista a la Xunta de Galicia es otro de los asuntos pendientes de la legislatura que acaba. Ni PP ni PSOE han culminado la transferencia de la AP-9, cuya subida de peajes ha provocado un gran descontento social. El cambio de titularidad de esta vía de alta capacidad, que vertebra el litoral gallego, volverá a reabrir el debate sobre la desprivatización que reclaman partidos como En Marea, Unidas Podemos o el BNG. En la práctica, la operación podría quedarse en la rebaja o supresión de alguno de los peajes.
El futuro de Ence también estará muy presente en la agenda política. Y lo hará tanto a nivel estatal, por la decisión del Gobierno de no defender la prórroga de 60 años concecida a la pastera para continuar en Lourizán hasta 2073, como local. La proximidad de las municipales del 26 de mayo reactivará las posturas a favor y en contra de la continuidad de la fábrica en terrenos protegidos.
El colegio Salvador Moreno, que lleva el nombre de un almirante franquista, se mantendrá igual. Un dictamen emitido en 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy sostiene que el centro adscrito al Ministerio de Defensa no incumple la Ley de Memoria Histórica, como denunció En Marea.
