Sábado. 17.11.2018 |
El tiempo
Sábado. 17.11.2018
El tiempo

EL PLENO DECIDIRÁ EL VIERNES SI AUMENTA O MANTIENE EL CUPO

Los viticultores usarán "a forza da lei" para que las bodegas paguen en tiempo

Viticultoras durante una vendimia
Viticultoras durante una vendimia
El 70% de las marcas productoras tardan más de dos años en saldar sus deudas y algunos cosecheros llevan sin cobrar desde 2011, según denuncia Unións Agraras

Los representantes legales de los 6.000 viticultores que trabajan en las Rías Baixas y de otros muchos que operan en el resto de la comunidad utilizarán "toda a forza da lei" para que las bodegas cumplan la legislación en vigor.

La meta es acabar con la devaluación del precio de la uva, que muchas veces se queda por debajo del coste de producción por el miedo de los productores a ser incapaces de colocar la cosecha en el mercado, además de con las demoras sangrantes que sufren buena parte de los cosecheros en los tiempos de pago. Algunos viticultores aún no han cobrado las entregas de 2011, un buen puñado sabe que jamás va a ver saldada su deuda y un número preocupante de afectados se ha visto abocado a plantar el negocio ante la imposibilidad de asumir los costes de producción.

La crisis que empezó cebándose con el sector inmobiliario también ha hecho daño a las bodegas y ni siquiera los ‘peces gordos’ del sector logran tener sus cuentas al día. Al menos así lo advirtió ayer el sindicato mayoritario en el área vitinícola, Unións Agrarias, cuyo secretario general, Roberto García, aseguró en Pontevedra que las grandes bodegas están tardando en pagar entre dos y tres años y que, por norma general, el 70% de las marcas superan los 24 meses. "Hai bodegas pequenas que poden pagar na mesma colleita, pero son a minoría", aseveró.

La Ley de cadena alimentaria entró en vigor el 1 de enero de 2014 estableciendo para el pago un plazo máximo de 30 días que empieza a contar desde la entrega de la uva. Algunos interpretan que el tiempo empieza a contar una vez finaliza la vendimia (en octubre, aproximadamente), mientras que otros creen que lo hace a partir de la aprobación de la cosecha (a finales de año). Unións Agrarias deja la puerta abierta a ambas interpretaciones, pero lo que no acepta es que el pago se realice "con dous anos de atraso". Por ello, promete ser "belixerante" con todo lo relacionado con los plazos de pago: "Acabouse a ferramenta de ter circulante en base a non pagar aos viticultores. Non ten sentido que sexan eles os que estean financiando ás adegas".

CONTRATOS. Otro de los apartados contemplados en la Ley y que el sindicato promete vigilar de cerca es la obligatoriedad de firmar contratos para todas las transacciones que superen los 2.500 euros, algo que ocurre en la práctica totalidad de los casos.

En arreglo a esta circunstancia, ambas partes tienen que acordar por escrito un precio fijo o uno variable que oscile en base a "criterios obxectivos", como pueden ser el Índice de Precios al Consumo (IPC) o la evolución del mercado. Sin embargo, "a día de hoxe non hai ningún contrato firmado", lo que, en opinión de Unións Agrarias, deriva en un evidente desamparo por parte de los cosecheros, abocados a aceptar tarifas cerradas a última hora. "Os viticultores queren saber a quen van vender e a que prezo antes de que se inicie a vendima e teñen dereito a iso", subrayó García.

SANCIONES. El sindicato advirtió hace un año a la Administración autonómica sobre el incumplimiento de la Ley y envió cartas a las bodegas alertando de que iba a ser "esixente e contundente con este tema". El problema es que ninguno de los avisos a navegantes surtió efecto, de ahí su decisión de dar un paso más y de hacer cumplir la Ley. ¿Cómo? De entrada, acudiendo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) supervise el funcionamiento del mercado y castigue a los infractores con el régimen sancionador aprobado.

Este último contempla sanciones leves de hasta "3.000 euros por cada viticultor" que trabaja para la bodega y sanciones graves, de hasta 100.000 euros. Además, establece que las multas siempre serán imputables a la bodega.

Por otro lado, Unións Agrarias reclama la convocatoria urgente de una mesa de negociación entre las partes para abordar la problemática de los contratos y para ir perfilando el precio de la uva de esta cosecha. Además, solicitó ayer ser partícipe en la Mesa do Viño que tendrá lugar hoy y desarrollará una campaña para poner a los viticultores al corriente de los derechos y deberes que les otorga la Ley.

Los viticultores usarán "a forza da lei" para que las bodegas...
Comentarios