El presidente de la Federación Galega de Fútbol y expresidente popular de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra que lo condena a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por prevaricación y fraude.
Así lo ha confirmado Rafael Louzán a Europa Press, quien explica que ese recurso se registró en Juzgado de lo Penal número 3 el pasado miércoles, 10 de marzo. Ahora se dará trámite a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que será la encargada de resolver sobre el caso.
Igualmente, Louzán se remite al comunicado del pasado 5 de febrero, día en el que se conoció el fallo, en el que mostraba su "convencimiento claro" de poder demostrar su "inocencia".
"Tal y como testificaron todos los técnicos de las distintas administraciones implicadas, testigos, funcionarios y peritos, que acreditaron en sede judicial la corrección del procedimiento seguido y de la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas", aseguraba hace un mes.
Igualmente, condenó a la misma pena a la exalcaldesa de Moraña y por entonces delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro
"No obstante, la jueza que ha emitido la resolución judicial condenatoria, en primera instancia, no lo ha entendido así, considerándome responsable en el procedimiento administrativo por el mero hecho de ser la máxima autoridad de la Diputación de Pontevedra en ese momento, y en ningún caso, tal y como se indica por parte de la jueza, porque haya pruebas que evidencien conocimiento y/o participación por mi parte en los hechos", argumentaba en el escrito.
En una sentencia de comienzos de febrero, el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra condenaba a dos años de cárcel al que fuera presidente de la Diputación con el PP -formación de la que pidió la baja en 2016- por conceder una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras en el campo de fútbol de Moraña "que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad".
Igualmente, condenó a la misma pena a la exalcaldesa de Moraña y por entonces delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, que dimitió de su cargo en el Gobierno gallego tras conocerse la sentencia.
