Marea Pontevedra quiere hacerse oír en el Pleno que la Corporación provincial celebrará el mes que viene. Lo hará a través de una iniciativa que presentará el edil vigués Xosé Lois Jácome para instar a la Deputación a que recupere los terrenos en los que actualmente se encuentran la Imprenta y el Parque de Maquinaria, dos centros que ocupan unos 171.000 metros cuadrados de suelo protegido al lado de la Xunqueira de Alba y frente a la confluencia entre el río Lérez y la ría.
La solicitud de la formación supondría, en la práctica, el traslado de ambas instalaciones y la realización de obras para restituir el espacio natural que antaño había en la zona. «Hai que recuperar o gran pulmón verde da cidade», destacó el pasado lunes, en rueda de prensa, el portavoz municipal de Marea, Luís Rei.
El anterior Gobierno provincial, presidido por el popular Rafael Louzán, defendía el mantenimiento de estas dependencias en su emplazamiento y solo contemplaba su reubicación si no se lograse una prórroga por parte de la Dirección General de Costas, un organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. En este último caso, la Deputación optaría por trasladar la Imprenta a algún punto del municipio y el Parque de Maquinaria al polígono industrial de Barro-Meis, una operación que se descartó por su elevado coste.
La concesión para ocupar una parte de los terrenos de las marismas de Alba fue otorgada por orden ministerial a la Deputación durante el franquismo, concretamente en abril de 1965. Entonces, se declararon todas estas parcelas como «Zona de experimentación agrícola y ganadera», un uso que nunca llegó a producirse.
El Parque de Maquinaria, que llegó a emplear a un centenar de trabajadores, es el servicio que se ocupa de las obras de mantenimiento y conservación de las carreteras provinciales, concretamente más de 1.800 kilómetros de vías.
EN 2018. La concesión que en los años 60 se otorgó al complejo caducará en 2018, es decir, en el mismo año en el que a priori rematará el permiso de Costas para que Ence mantenga su actividad industrial en Lourizán, un escenario que la empresa prevé evitar con una nueva moratoria.
La construcción de la Imprenta Provincial fue amparada por el Gobierno central en 1988, año en el que se le dio permiso para ocupar terrenos protegidos durante 30 años, es decir, hasta 2018. El centro ha reducido su plantilla debido a las jubilaciones y, en la actualidad, da trabajo a diez personas.
En principio, la Ley de Costas también afectaría a otras instalaciones separadas de la ría por la avenida de Domingo Fontán. Entre ellas figurarían otras parcelas dependientes de otras administraciones, muchas de ellas vacías.
