Habrá que esperar un día más. Quienes estaban el lunes pendientes de la resolución del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados seguirán este martes pendientes del televisor. Son muchas las personas que firmaron hipotecas en los últimos años y que ahora ven en la resolución del Supremo una posibilidad de recuperar lo que pagaron por este tributo. Los abogados lo notan, y ya hay personas que han comenzado a informarse en los bufetes de la ciudad al respecto.
Así, con esta decisión se abre un nuevo nicho de mercado para los abogados, especialmente para los grandes despachos, como Arriaga Asociados. "Ellos también están muy pendientes de lo que pase, porque puede generar una cantidad enorme de clientes", indica el jurista Javier Zas.
El valor de los impuestos de Actos Jurídicos Documentados de los últimos cuatro años en la provincia es de 35 millones
En los últimos 15 años se concedieron en la provincia 243.035 hipotecas por valor de más de 28.631 millones de euros, según el Instituto Nacional de Estadística. El Tribunal Supremo tiene que decidir quién se hace cargo del pago de dicho impuesto. La respuesta puede ser una de estas tres: el banco, el cliente o ambos (a medias). Lo más probable según los expertos es que el Tribunal determine los plazos para reclamar. Es decir, regulará la retroactividad de dicha decisión y mantendrá su primera postura, que implica hacer pagar a los bancos el tributo que hasta ahora venía asumiendo el cliente.
RETROACTIVIDAD. La cuestión es: ¿hasta cuándo se va a aplicar esa retroactividad? Los abogados hablan de que lo más probable sean cuatro años, de modo que habría que remontarse a noviembre de 2014. Desde entonces hasta agosto de este año (de cuando se tienen los últimos datos) se han firmado en la provincia 22.353 hipotecas por valor de 2.337 millones de euros. En el caso de que los bancos tuviesen que abonar los impuestos correspondientes a los AJD de esas hipotecas se enfrentarían a un desembolso de más de 35 millones de euros solo en la provincia de Pontevedra. Si el plazo para reclamar se remonta todavía más atrás, la cantidad que tendrían que asumir las entidades financieras sería mayor. Por ejemplo, el importe de todos los tributos por AJD de los últimos 15 años asciende hasta los 429 millones de euros solo en la provincia de Pontevedra. "Los bancos son como los casinos, ellos nunca van a perder, y es posible que apliquen otras subidas en las próximas hipotecas que se firmen", explica Zas.
Mientras el Tribunal Supremo mantiene el suspense, "las entidades bancarias han adoptado diversas posturas, en algunos casos retrasando la firma de las hipotecas, en otros asumiendo el pago del impuesto a cambio de una subida en la tarifa (tipos de interés ofertado) y en otros obligando al prestatario a asumir el pago, como se ha venido haciendo desde siempre". Lo explican los abogados Miguel Lorenzo y José Benito Laredo, de Pontevedra, que añaden que los bancos acaban de superar los test de estrés y probablemente contrarrestren el desembolso con otras medidas como la subida de los tipos de interés.
Los titulares de hipotecas están atentos a lo que decida el Supremo y muchos de ellos se han puesto en contacto ya con despachos de abogados para saber qué pasos tienen que seguir para reclamar a sus bancos.
"Una vez que haya una sentencia clara, lo normal es que las administraciones habiliten una vía extrajudicial para reclamar", explica Javier Zas. De este modo, el abogado recomienda optar siempre por esta vía para comenzar. La opción extrajudicial ofrece la posibilidad de llegar a un acuerdo con el banco sin tener que ir a juicio y así ahorrarse los gastos que eso implica. "A veces es mejor un mal acuerdo que un buen pleito", explica el abogado, que apunta que todo depende de si la oferta que haga la entidad cumple con las exigencias del cliente. De este modo, si esta no satisface al tomador de la hipoteca, siempre tiene la opción de ir a juicio. "Depende de si al cliente le interesa recibir cien en un plazo de seis años o 70 en un plazo de seis meses", cuenta Zas. Se espera conocer la solución a las dudas a lo largo de este martes, según lo que resuelva el Tribunal Supremo.
El AJD está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Dicho Real Decreto sujeta a gravamen los actos jurídicos que se documenten de la siguiente forma: los documentos notariales, mercantiles y administrativos.
El de AJD es un impuesto que cobra la Administración Pública y que actualmente recaudan las comunidades autónomas.
La cantidad depende del importe de la hipoteca y de la comunidad autónoma. En Galicia es del 1,5% sobre el valor de la misma, lo que supone entre unos 1.500 y 2.000 euros de una hipoteca media.
Según algunos expertos en reclamaciones bancarias, este impuesto es el que supone una mayor cuantía en la firma de una hipoteca, ya que puede superar a todos los demás gastos juntos.
En concreto, el impuesto supone el 70 % de los gastos de constitución de una hipoteca, que también engloban el coste de notaría, registro, tasación y gestoría.
