Desde mediados de marzo, fecha en la que se declaró el estado de alarma, más de 85.000 trabajadores de la provincia pontevedresa se han visto afectados por un Expediente de Regulación de Empleo. La mayoría de las sociedades han recurrido al Erte de fuerza mayor, aunque su aplicación ha sido distinta. En algunos casos esto se ha traducido en una suspensión de contrato y en otros en una reducción de jornada.
¿Cuántos empleados siguen hoy afectados y cuántos se podrán acoger a las últimas prórrogas? Es la pregunta del millón. Las fuentes consultadas del Ministerio de Trabajo y Economía Social no han podido concretar la cifra actual de empleados pontevedreses que siguen afectados por un Erte y las de la Xunta advierten de que, desde que el Ejecutivo gallego ha perdido competencias en este terreno, ha dejado de percibir esta información.
La última cifra trascendió en agosto. Entonces el 80% de los afectados de la provincia por un Erte se habían incorporado a su trabajo, pero ahora mismo es un indicador poco fiable (teniendo en cuenta el fin de la temporada estival). Lo que sí reflejan las estadísticas es que desde febrero el municipio pontevedrés ha sufrido una subida del paro del 5%, cerrando septiembre con 5.885 parados.
