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Más de 11.000 docentes de Pontevedra deben certificar que no son pederastas

El martes entró en vigor el Registro Central de Delincuentes Sexuales y las personas que trabajan con menores tienen que acreditar que no han cometido delitos de este tipo. El objetivo es proteger a los niños de agresores y pornógrafos
Niños de camino al colegio
photo_camera Niños de camino al colegio

Más de 11.000 maestros y profesores que trabajan en la provincia de Pontevedra deberán acreditar que no son delincuentes sexuales. En el concello de Pontevedra, serán más de 1.300 los afectados. La entrada en vigor del Registro Central de Delincuentes Sexuales (el martes 1 de marzo) obliga a que todas las personas que trabajan en contacto habitual con menores de edad deban justificar ante su empleador que no han cometido delitos de este tipo. Aunque el de docente es el trabajo que más profesionales tiene cerca de los niños, profesores y maestros no serán los únicos que tengan que solicitar el certificado al Registro. Monitores de autocares escolares, de comedor y de actividades extraescolares, cuidadores y demás personal que trabaja con menores en centros educativos fuera del horario lectivo también deberán acudir a este registro para acreditar ante su empleador que no forman parte de la lista negra.

Así se desprende de las recomendaciones que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte acordó con las comunidades autónomas para la aplicación de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia en el sistema educativo. Esta base de datos nace con el objetivo de proteger a los niños de agresores sexuales, pederastas, pornógrafos y tratantes de seres humanos que han sido condenados por sentencia firme tanto en España como en otros países. Además de las personas que ya están desempeñando su labor con niños en su puesto de trabajo, a partir de ahora, todas aquellas que pretendan ejercer profesiones y actividades que impliquen contacto habitual con menores deberán aportar a la Administración educativa, antes del inicio de su relación estatutaria o laboral, una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Si fueran de origen extranjero o tuvieran otra nacionalidad, también deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen.

Las empresas contratadas por la Administración deberán presentar una declaración responsable de que su personal cumple la Ley

REGISTRO DE PENALES. Desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Infancia y hasta que se ha puesto en funcionamiento este Registro Central de Delincuentes Sexuales, se estableció como medida transitoria la expedición de certificados del Registro Central de Penados. Esta medida fue denunciada por los sindicatos de enseñanza porque da cuenta de todo tipo de delitos, además de los sexuales, cometidos por el empleado o aspirante a un puesto de trabajo.

Las administraciones educativas solicitarán a todas las personas con las que mantengan una relación estatutaria o laboral y que estén ejerciendo profesiones y actividades que impliquen contacto habitual con menores que aporten, con la mayor brevedad posible, una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales o el consentimiento para que la Administración educativa pueda consultar directamente estos datos.

Las comunidades autónomas solicitarán a las empresas con las que hayan contratado la prestación de servicios que impliquen contacto habitual con niños la aportación de una declaración responsable de que todo el personal al que corresponde la realización de estas actividades cumple los requisitos fijados por la Ley de Infancia. Además, instarán a los titulares de los centros educativos privados y concertados a garantizar que el personal que preste servicios en sus instalaciones también los cumple.

La creación de esta base de datos fue aprobada el pasado 11 de diciembre en el Consejo de Ministros para cumplir una previsión de la Ley Orgánica de Medidas de Protección de la Infancia que, a su vez, obedece al Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa, que España ha ratificado y que ha permitido la creación de registros similares en otros países europeos, como Reino Unido.

El objetivo es proteger a los niños de agresores sexuales, pederastas, pornógrafos y tratantes de seres humanos condenados por sentencia firme tanto en España como en otros países y, a su vez, favorecer la cooperación policial internacional contra estos delitos, por los que sólo a nivel nacional tienen antecedentes más de 43.700 personas.

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