Más de la mitad de los edificios de Pontevedra se han saltado la obligatoria inspección técnica prevista para el año pasado para las construcciones anteriores a 1943. Solo 145 de los 292 inmuebles que debían pasar la denominada ITV han cumplido con su deber. Los 147 edificios que todavía no han obtenido el informe del Concello, en el que se evalúan cuestiones relacionadas con su seguridad, se exponen a sanciones que oscilan entre 300 y 6.000 euros.
Aunque la ordenanza de las ITV entró en vigor en abril de 2015, el Gobierno local no se plantea ampliar el plazo para que los propietarios de estas edificaciones de más de 70 años de antigüedad puedan llevar a cabo esta revisión. Las construcciones que sí han logrado el Informe de Avaliación de Edificios (IAEd) se encuentran repartidas por toda la ciudad, sobre todo en la zona centro. Entre las exigencias que contempla la normativa figura la inspección de la estructura del inmueble, cimentación, fachadas interiores y exteriores, medianeras, cubiertas y azoteas, redes de electricidad, gas, fontanería y saneamiento o medidas de extinción de incendios.
Aunque la revisión exterior es visual, la ordenanza impulsada durante el anterior mandato obliga a los técnicos a examinar el interior de las viviendas.
La obtención del certificado de la ITV no solo es indispensable para cumplir con el reglamento pontevedrés, sino también para solicitar subvenciones o vender o alquilar una propiedad inmobiliaria. De hecho, este tipo de inspecciones incluyen un certificado de eficiencia energética, fundamental para tramitar este tipo de operaciones.
Los propietarios de los inmuebles están obligados a contratar los servicios técnicos para llevar a cabo la inspección, que cuesta unos 700 euros de media.
EN 2016. La ITV es obligatoria para todos los inmuebles de más de medio siglo y el objetivo final es que antes de 2018 todos ellos estén revisados. Por este motivo, se ha establecido un calendario para los dueños de las viviendas.
En 2016 deberán pasar este chequeo los edificios anteriores al año 1953, en 2017 los anteriores a 1963 y en 2018 los restantes.
El Concello no se plantea ampliar el plazo para que los edificios de más de 70 años puedan pasar la revisión, que cuesta unos 700 euros Los propietarios que no hayan obtenido el certificado municipal se exponen a multas que van de 300 a 6.000 euros
