Más de dos mil empresas están afectadas por el criterio legal que el Gobierno le aplica a Ence

Los registros de la Dirección General de Costas tienen más de dos mil empresas ubicadas en la franja de dominio marítimo terrestre afectadas con concesiones ampliadas al amparo de la misma ley que ahora podría anular la prórroga de Ence en Pontevedra.

El cambio de criterio legal de la Abogacía del Estado a la hora de computar los plazos máximos de ocupación de la costa con una actividad industrial tiene que ver con las interpretaciones posibles sobre la Ley de Patrimonio del Estado y el Reglamento General de Costas aprobado en 2014, que desarrolla la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral del 2013, última revisión de la vieja Ley de Costas de 1988.

El actual Ministerio de Transición Ecológica mudó el criterio establecido por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente y aplicado a Ence en enero de 2016 para autorizar la vigente prórroga de 60 años en su fábrica de Lourizán. Este cambio de interpretación podría afectar, según fuentes del Gobierno, a "entre dos mil y tres mil empresas ubicadas en la franja de dominio marítimo terrestre".

La Audiencia Nacional deberá resolver en pocas semanas si acepta o no el allanamiento de la Abogacía del Estado ante los recursos del Concello de Pontevedra, APDR y Greenpeace contra la ampliación de la concesión a Ence. La pastera prepara contrarreloj sus alegaciones en un desesperado intento de que los jueces no permitan al Gobierno lavarse las manos en este pleito histórico. Sólo puede hacerlo apelando a un posible fraude de ley, o bien demostrando que los daños irreparables causados a terceros hacen imprescindible esa defensa legal a la que los abogados del Estado pretenden renunciar.

Es aquí donde entraría esta relación de múltiples empresas que pueden acabar encima de sus mesas con el mismo problema que ahora atosiga a Ence. Además, la firma de Celulosas trasladará a los jueces su carácter sistémico en el sector forestal gallego, donde actúa como primer agente copando el 40% del mercado de la madera; los 5.100 empleos que dependen directa o indirectamente de la actividad de la fábrica de Lourizán; la cantidad de subsectores que tienen una relación de dependencia con su producción, o las instituciones públicas (puertos) que siguen teniendo a Ence como principal cliente -en el caso de Marín, la pastera supone el 60% de su tráfico-.

Ence no tiene ninguna petición del Gobierno de Sánchez para negociar un posible traslado de la factoría pontevedresa

Algunas empresas gallegas clientes de Ence analizan también la posibilidad de dirigirse a los jueces para hacerles llegar alegaciones en el mismo sentido. La propia CEP analiza la manera de "defender el empleo y la riqueza asociados a la actividad de Ence".

En realidad, el proceso va para largo. Si la Audiencia Nacional estima estas alegaciones, el Gobierno debería defender nuevamente la prórroga otorgada en 2016. Si no las atiende, la sentencia será inmediata y favorable a los recurrentes. A Ence no le quedaría entonces más remedio que recurrir al Tribunal Supremo, cuya decisión no se produciría en ningún caso antes de año y medio.

Si el Supremo también fallase contra Ence, la empresa todavía podría solicitar el amparo del Tribunal Constitucional, lo que prolongaría la decisión final otro mínimo de dos años más.

Además, la discusión radica sobre si a Ence le vale la autorización del Gobierno de Rajoy (hasta el año 2073) o debe aplicársele el máximo de 75 años contados a partir de su implantación en Pontevedra (1958), lo que sitúa su horizonte, en cualquier caso, en el año 2033. Antes, habría que negociar un futuro para su actividad industrial dentro o fuera de Galicia. Hasta ahora, Ence confirma que no existe ninguna petición del Gobierno de Pedro Sánchez para dialogar sobre un posible traslado.