Más de dos millones de euros de ingresos ilícitos

La Fiscalía señala que las cofradías de Pontevedra y Lourizán percibieron 1,2 y 900.000 euros, respectivamente, "que no deberían haber cobrado" ▶ El fraude en el punto de control permitía la venta en lonja de un sobrante que debería ser devuelto al mar

Una subasta de almeja en la lonja de Campelo. RAFA FARIÑA
photo_camera Una subasta de almeja en la lonja de Campelo. RAFA FARIÑA

El banco marisquero de las cofradías de San Telmo (Pontevedra), San Andrés de Lourizán y Raxó, todas ellas asociadas a la lonja de Campelo, no solo era expoliado por pescadores furtivos, sino también, tal y como detallan el Seprona y la Fiscalía, por algunos integrantes del sector legal del marisqueo a pie.

Ingresos ilícitos de más de dos millones de euros, según detalla el Ministerio Público en su querella, fueron percibidos por los pósitos en virtud de los tejemanejes que llevaban a cabo una veintena de personas que, a ojos del fiscal jefe, conformaban un grupo criminal dedicado a falsear documentos mercantiles para vender toneladas de almeja que debía haber sido devuelta a la ría.

El Ministerio Público considera que los procesados conforman un grupo criminal dedicado a falsificar documentos

EL PUNTO DE CONTROL. El engaño destapado por la Guardia Civil se producía, esencialmente, en el llamado punto de control, lugar donde, una vez extraído el marisco, se clasifica por tamaños y se pesa. Para entender bien el fraude es preciso conocer el funcionamiento del proceso de extracción del marisco a pie. La Consellería de Mar, a través de la delegación territorial, aprueba un plan anual con sus respectivos planes mensuales de aperturas, en los que se establecen las jornadas de trabajo. Existe personal dedicado en exclusiva a la extracción y otro al control de pesaje y clasificación en el citado punto de control. Al finalizar cada jornada, este personal tiene que trasladar a la lonja de Campelo los kilos extraídos y las copias de los vales, cumplimentados a mano, de las capturas.

El Ministerio Público pontevedrés detalla en su querella que la mayoría de los integrantes de los puntos de control (ocho en Pontevedra y nueve en Lourizán) son además miembros de las juntas directivas de las correspondientes agrupaciones de mariscadores a pie. Son las personas que están en el objetivo del Seprona, junto a dos miembros de la mencionada lonja del concello de Poio. Para elegir a estas personas se realiza un proceso electoral en el que votan todos los asociados de cada cofradía.

El fiscal añade que "todas las capturas tienen que pasar por el punto de control y todas las ventas tienen que pasar por la lonja, donde se venden en la subasta correspondiente", y explica que "lo normal sería que los kilos vendidos fuesen iguales a los kilos extraídos. Sin embargo, no es así. Existen diferencias importantes".

Juan Carlos Aladro, jefe del Ministerio Público, subraya que "el personal del punto de control falsea los vales de ciertos mariscadores, hecho que realizan de forma arbitraria y no equitativa", de varias formas. La primera, realizando vales a personas que no acuden a mariscar, por distintos motivos (que estén de vacaciones, de baja, por ausencias injustificadas o incluso como favores). "Modificaban los vales arbitrariamente, reflejando cantidades que no se correspondían con lo extraído, siempre a favor del mariscador al que se lo hacían. Con ello compensaban a quien traía un exceso de kilos, ya que aporta más cantidad a la caja común; se le recompensaba con un mejor pago de su vale y, además, la persona del punto de control influía en un posible voto con la finalidad de ser reelegida". Aladro asegura que de este modo "se generaba un ámbito clientelar que modificaba cualquier fórmula de elección democrática".

Entiende, además, que "la sobreexplotación" de los puntos de extracción "podría comportar un delito medioambiental"

Por otra parte, para evitar la supervisión de la Consellería do Mar, que controla "el esfuerzo pesquero, las capturas y las tallas, con la finalidad de mejorar la gestión y evitar situaciones de sobrepesca", el punto de control y la lonja "no envían lo realmente extraído, pues de ser así advertiría que se superan las cuotas".

El Seprona descubrió el fraude al comparar las ventas reales de la lonja y el contenido de los vales. "Los kilos vendidos y extraídos deben ser idénticos", repite el fiscal. Y en el caso de estas dos cofradías (y, en menor medida, en la de Raxó, que se quedó fuera de la querella por la "escasa entidad" de su presunto engaño), no coincidían.

En cuanto al volumen, traducido a euros, de ventas ilícitas, el Ministerio Público explica que las ventas en lonja del excedente que debería haber sido devuelto al mar, "lo cual no se hacía", aportó unos ingresos de 1.244.235 a la Cofradía San Telmo de Pontevedra y 992.681 euros a la Cofradía de San Andrés de Lourizán "que no deberían haber cobrado".

Sobre los delitos que se están investigando, el juzgado, a instancias de la Fiscalía, analizará la posible comisión de un delito continuado de falsedad documental en documento mercantil y otro de pertenencia a grupo criminal, "así como otros que pudieran resultar de la investigación de la sobreexplotación de medio, que podrían comportar delito medioambiental".

Juan Carlos Aladro entiende que los miembros de la junta directiva de ambas cofradías son los responsables de lo ocurrido de forma directa, y apunta que los dos empleados de la lonja serían cooperadores necesarios.

La querella, presentada el 15 de enero, será estudiada por el Juzgado de Instrucción 1 de A Parda.

Comentarios