El médico de familia en el centro de salud de A Parda J.R.R.D. deberá ingresar en prisión para cumplir una condena de tres años de cárcel, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya desestimado su recurso y confirmado la pena que le impuso la Audiencia Provincial. Además de la privación de libertad, el galeno deberá estar siete años inhabilitado, con lo que prácticamente dice adiós a su carrera profesional.
Su delito fue haber cobrado, al menos durante dos años, cantidades que oscilaban entre los 30 y los 100 euros por emitir certificados de defunción, un trámite administrativo que es totalmente gratuito.
Un jurado popular consideró al facultativo, que cometió los hechos entre 2016 y 2018, culpable de un delito continuado de cohecho.
Para los magistrados resulta indudable que la expedición de certificados de defunción es competencia de cualquier médico, pero no se puede cobrar por ellos.
Los testimonios aportados en la causa por familiares de los fallecidos "apuntalan la principal prueba de cargo" contra este médico que, según el TSXG, son las declaraciones de los agentes funerarios a los que éste les pedía el dinero.
Todos ellos afirmaron ante el tribunal que el acusado les exigía determinadas cantidades de dinero como condición para la expedición de los correspondientes certificados de defunción.
El médico acudía al domicilio del fallecido para confirmar el deceso, pero se marchaba sin firmar documento alguno, instando a funerarias o familiares a acudir al centro de salud en el que trabajaba para solicitarlo, en donde les pedía el dinero por el certificado.
Las víctimas, ante la premura de un certificado que necesitaban para enterrar al fallecido, acababan abonando el dinero requerido.
