El año más trágico de la última década, 2017, la comunidad calcinó 62.000 hectáreas, cinco veces la superficie del municipio de Pontevedra. Al ejercicio siguiente, los incendios dieron cuenta de 2.600 hectáreas, algo así como tres cuartas partes del término municipal de Poio. Y el pasado año, el fuego se ocupó de 6.800 hectáreas, casi dos veces el suelo sobre el que se asienta el Concello de Marín. En esta ocasión, la Xunta espera cerrar 2020 por debajo de las 17.000 hectáreas quemadas. El pronóstico es que será un verano caliente para los incendios y el gobierno autonómico apura los trabajos de prevención.
El presupuesto de este bloque de tareas antiincendios en las cuatro provincias supera los 2,5 millones y el objetivo es bajar de las 17.000 hectáreas quemadas en la comunidad
Este jueves la consellería de Medio Rural adjudicó tres obras por valor de 280.524 euros para la realización de tratamientos silvícolas preventivos en varios montes de la provincia de Pontevedra. La financiación corre a cargo del programa europeo Feader y se enmarca en el Plan de Desenvolvemento Rural. La superficie sobre la que se actuará supera las 160 hectáreas, en las que se ejecutarán tareas de gestión de la biomasa, para crear discontinuidades verticales y horizontales de la cubierta vegetal, además de controles de la vegetación para eliminar material combustible a través de rozas, podas o rareos.
Los trabajos afectarán a parcelas de los municipios de Crecente, Caldas, Pontecesures, Vigo y Gondomar. En toda Galicia, la Consellería de Medio Rural completará un total de 27 tratamientos silvícolas preventivos, con una inversión de 2,5 millones de euros, que afectarán a 2.170 hectáreas.
Además, está en tramitación otro procedimiento de restauración del potencial forestal dañado, consistente en 6 obras licitadas por valor de 3,38 millones de euros.
Un total de 120 cámaras vigilarán el 59% de todo el territorio gallego para localizar los incendios y también a los infractores
La lucha contra el fuego movilizará este año algo más de 7.000 efectivos entre el personal de los ayuntamientos, la Xunta, Gobierno central, ejército y los cuerpos de seguridad del Estado.
Desde el Ejecutivo autonómico se trabaja con objetivos concretos en materia de incendios. Por ejemplo, se pretende que este año la media de superficie quemada por cada fuego no llegue a cinco hectáreas. Y que los fuegos de más de 25 hectáreas estén al final de la temporada por debajo del 2%. O también que no se activen más de trece veces las situaciones de tipo 2, en las que se ven viviendas amenazadas por el fuego.
Para la campaña de este año habrá 120 cámaras operativas en una red de videovigilancia que cubrirá el 59% del territorio, cinco puntos por encima de lo que se abarcaba en el Pladiga de 2019.
Este verano se repetirá la operación Centinela de las Fuerzas Armadas, en la que la Brilat repetirá un despliegue similar al del verano de 2019, cuando contaron con 460 militares que recorrieron unos 350.000 kilómetros. Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) también estará a disposición de la Xunta si se requiere su intervención.
