El cara o cruz que la planta industrial pontevedresa de Ence se juega este miércoles en el Tribunal Supremo no ha tenido, precisamente, una mala interpretación en la bolsa. Los mercados han optado por premiar el final de la incertidumbre judicial para la pastera y han revalorizado a la empresa por encima del 8% desde que se conoció que será ahora cuando los jueces diriman si confirman o no la anulación de su prórroga de 60 años en Lourizán.
La acción de Ence cerró 2022 con un precio de 2,81 euros y este lunes se cotizó a 3,04, un 8,2% más cara. La compañía, que llegó a estar valorada por encima de los 2.157 millones de euros en octubre de 2018, y cuyo precio cayó por debajo de los 500 dos años después, en octubre de 2020, costaba el lunes 748 millones de euros.
El mercado valora que se despeje la incógnita. Si el fallo del Supremo es favorable, analistas de JB Capital Markets calculaban esta semana incrementos de hasta el 34% en el valor bursátil de la compañía. Una sentencia contraria que aboque al cierre en Pontevedra, por contra, sería penalizada en el mercado, pero los analistas pronostican que "no en exceso". La razón es que la firma ya ha provisto más de 200 millones en sus cuentas para hacer frente a este contratiempo, además de anunciar que está preparada para un traslado de su producción gallega a la planta de Navia, en Asturias.
Lo cierto es que la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunirá este miércoles para decidir el futuro de la pastera. La jueza progresista Ángeles Huet de Sande será la responsable de exponer una propuesta de resolución para los recursos de casación que presentaron la empresa y los sectores afectados contra la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que dio la razón a Greenpeace y que anuló la prórroga de la concesión de la pastera (concedida por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy hasta 2073). Y su vez el magistrado conservador Wenceslao Olea será el encargado de hacer lo mismo, pero en relación a los recursos que se formularon contra el veredicto que dio la razón al Concello (y que también concluyó anulando la prórroga).
Tras la exposición de cada una de ellos se abrirá el debate entre los cinco magistrados que integran la sección, para luego dar paso a la votación. Si hay acuerdo, se emitirá veredicto, pero si no hay consenso tendrían que celebrarse nuevas vistas.
En el primer caso, los jueces podrían acordar adelantar el sentido del fallo a las partes y los medios de comunicación (dada la relevancia del asunto) o, si por el contrario, se espera a redactar la sentencia, lo que implicaría una espera de entre una y dos semanas (aproximadamente).
Lores: "Hoxe é un día importante"
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ofreció este martes su versión sobre la inminente decisión del Supremo. "Hoxe é un día importante", declaró.
El regidor de la Boa Vila indica que "as posicións están explicadas por activa e por pasiva".
"Eu espero que salga una sentenza razoable, obviamente defendendo a tese de que a prórroga foi ilegal como dixo a Audiencia Nacional", sentenció.
Pronósticos del plantel
Los trabajadores de Ence se mostraron este lunes "convencidos" de que el Tribunal Supremo fallará a favor de sus intereses y permitirá que la fábrica pueda seguir trabajando en la ría pontevedresa. "Estamos convencidos de que los jueces nos van a dar la razón (...). Somos optimistas. Vamos a ganar, porque lo creemos y porque estamos convencidos de que la razón se va a imponer. Ence se va a quedar en Lourizán", manifestó la presidenta del comité de oficinas, Ana Cedeira.
La postura de la plantilla trascendió en una concentración celebrada en la entrada de la fábrica, a la que acudieron trabajadores de la factoría y empresas auxiliares. La movilización sirvió para exhibir músculo antes de la sentencia del Supremo y para reclamar, una vez más, "la sensatez y cordura que no hubo por parte de los políticos", a los que los empleados acusan de haberles "engañado y utilizado". Cedeira aludió particularmente al Concello capitalino, "que nos ha metido en esta situación", y al Gobierno central, al que volvió a recriminar que no haya cumplido el compromiso de buscar soluciones. "Lo único que han hecho ha sido tomarnos el pelo", criticó.
Objetivo: 2073
Cedeira subrayó que en la escala de futuribles "no hay grises" y que la plantilla pretende que "Ence se quede hasta 2073, que es lo que nos concedió el Gobierno de Rajoy en su momento, cuando decidieron que la prórroga era legal".
Según añadió, la empresa también "está expectante" pero ya ha dicho de forma pública e interna que, "si hay una sentencia desfavorable, cerrará la fábrica de Pontevedra e invertirá en Navia", con independencia de la batalla judicial que (según reiteró en diversas ocasiones) estaría dispuesta a librar en el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea .
El portavoz de Seforcel, Antonio Taboada, señaló que los motivos que llevan a la plantilla a ser "optimista" es que la justicia aceptó los recursos de casación interpuestos por los agentes partidarios de la continuidad y que el alto tribunal ya emitió una sentencia en la que validó una prórroga similar en Murcia (aunque en este caso a nivel de una vivienda). "Todo esto nos lleva a pensar en que la sentencia va a ser favorable. Y sobre todo el sentido común, porque esto es un problema que ha generado un alcalde y que, visto desde fuera, nadie alcanza a comprender. Esto no solo afecta a 400 trabajadores, sino al sector forestal, al transporte y a toda Galicia, que cada vez tiene menos industria".
Por su parte, el presidente del comité de la fábrica, Manuel Rivas, coincidió al señalar que la sentencia "vai ser favorable" a una empresa que calificó de "rendible e sustentable". "Se queremos ter un gran país e unha cidade fai falta industria e emprego. Sen iso, non iremos a ningun lado", concluyó.
La concentración finalizó con la lectura de un manifiesto, en la que los empleados se mostraron "esperanzados" de que el Supremo "considere nuestra situación y el de tantas familias que dependen de la fábrica". "Llevamos esperando casi esperando casi cuatro años, con todo el desgaste emocional y psicológico que ha supuesto para una plantilla cuya única ambición es vivir digna y honradamente", sentenciaron.
¿Qué debe decidir el alto tribunal?
La intención del Tribunal Supremo es resolver si hay motivos o no para revocar las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga de Ence y, al mismo tiempo, sentar jurisprudencia para las industrias que, como Celulosas, están afectas por una concesión que ocupa terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Esto supone esclarecer cuál es la norma que se debe aplicar a este tipo de concesiones, pues existen contrariedades entre lo que dice la Ley de Costas de 1988, la de 2013 y el Reglamento General de Costas de 2014.
La primera y la última restringen las moratorias para las industrias que puedan desarrollar su actividad fuera de la costa y, junto a la Ley de Patrimonio, establecen un tope de 75 años. En cambio, la normativa de 2013 hace alusión a prórrogas extraordinarias de hasta 70 años y fue a la que se agarró Ence para solicitar la ampliación del permiso.
¿ESCENARIOS? Frente a la resolución del Tribunal Supremo se abren tres posibles escenarios: una permanencia hasta 2073 (cumpliendo la totalidad de la prórroga), una continuidad hasta 2033 (cuando se cumpliría el tope de 75 años) o el cierre.
El PP pide que siga: "Es la potencia industrial de Pontevedra"
La inminente resolución del Tribunal Supremo propició este lunes valoraciones dispares en las altas esferas de la política gallega, en las que volvió a quedar patente la brecha entre partidarios y díscolos de la permanencia de Ence en Lourizán.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, incidió el lunes en que "Ence no es solo una empresa", sino "la potencia industrial de Pontevedra" de la que dependen "cientos de familias". Por ello, consideró que "no podemos dar ese paso atrás" ( en alusión a un posible cierre) y sobre todo cuando "empresas con muchísimo futuro están empezando a proponer instalarse en otros lugares".
Rueda trasladó, además, su "preocupación" a raíz de las últimas declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien señaló que "no hay un plan A o plan B" en el caso Ence, sino la "obligación de ejecutar la sentencia en los términos en los que esté".
Rueda asegura que, "pase lo que pase", el Gobienro gallego hará "todo lo posible para que esta ciudad tenga futuro"
El secretario se comprometió en octubre de 2021 a buscar localizaciones en Galicia (preferiblemente en Pontevedra) para un posible traslado de Ence, pero 16 meses después el estudio sigue sin ser adjudicado. "Espero que no tengamos que lamentar nada", dijo Rueda, quien avanzó que, "pase lo que pase, el Gobierno gallego hará "todo lo posible para que esta ciudad siga teniendo futuro económico".
En consonancia con su postura el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, trasladó su deseo de que "prevalezcan los argumentos jurídicos y que eso dé continuidad a la fábrica", cuya desaparición tendría, en su opinión, "una consecuencia económica muy severa".
TRASLADO. Por el contrario, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, señaló que sería "inexplicable" que el Supremo no confirmase la salida de Ence en Lourizán. "Hai unha sentenza que é o suficientemente clara, polo que cremos que o PP ten que deixar de enganar á cidadanía. Hai que poñerse a traballar para trasladar a fábrica", defendió. En la misma línea, la portavoz del Gobierno local, la nacionalista Anabel Gulías, incidió en que la prórroga de la concesión fue "fraudulenta" y en que el Concello espera que "non se legalice o roubo da ría de Pontevedra". "O tema de Ence foi un pelotazo", subrayó.
Por su parte, el portavoz del PSdeG en el Parlamento, Luis Álvarez, acusó al PP y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de ser los "culpables" de la "inseguridad jurídica" que existe en torno a Ence, cuya continuidad es respaldada por el partido, pero siempre que no sea en Lourizán. "Queremos que se mantenga la factoría; no en su ubicación actual, pero sí en Galicia", aseveró.
