Un mes. Es el tiempo que llevan esperando partidarios y opositores de la permanencia de Ence en Lourizán para conocer la letra pequeña de la sentencia del Tribunal Supremo que perfilará el futuro de la pastera. El alto tribunal anticipó el pasado 7 de febrero que el sentido del fallo sería favorable a Celulosas y que, por tanto, validaría la prórroga de la concesión que otorgó el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy hasta el año 2073.
El Supremo prevé revocar, así, las tres sentencias previas de la Audiencia Nacional que concluyeron en una dirección exactamente opuesta, anulando la prórroga en cuestión tras considerar que en este trámite no se llegó a justificar la necesidad de Ence de seguir en el litoral para producir pasta de celulosas.
Estas sentencias dieron la razón (en julio de 2021) a las tres organizaciones que denunciaron la moratoria: el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación Pola Defensa Ría. Sin embargo, tanto Ence como los trabajadores, las empresas auxiliares y organizaciones del sector forestal presentaron una batería de recursos de casación, finalmente aceptados por el Supremo con el fin de aclarar el futuro de concesiones industriales en el dominio público marítimo-terrestre.
El alto tribunal avanzó en un breve comunicado que daba luz verde a la ampliación de las concesiones anteriores a la Ley de Costas de 1988 siempre que existan informes medioambientales favorables y que dentro de esta premisa encaja el caso de Ence, que empezó a desarrollar su actividad en Lourizán en 1958 y que, según los magistrados, obtuvo informes favorables para ampliar su estancia en la ría pontevedresa.
El gran escollo es que, un mes después, el Supremo todavía no ha hecho público el contenido del veredicto, en el que está previsto que se argumente de forma más pormenorizada el sentido del fallo.
Las fuentes consultadas aseguran que esta demora entra dentro de los tiempos habituales del Supremo, pero ninguna se aventura a estimar la posible fecha de publicación
Lo que sí está confirmado es que la sentencia incluirá el voto particular de la magistrada progresista Ángeles Huet de Sande, que se presume que no está a favor de validar la prórroga de Ence o, al menos, en los términos consensuados por los otros cuatro magistrados de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, responsables de dictar sentencia.
Según informaron en su momento fuentes oficiales, el caso de Ence contó con dos ponentes: la propia Huet, que fue la responsable de exponer una propuesta de resolución para los recursos de casación que se presentaron contra la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que dio la razón a Greenpeace. Y el magistrado conservador Wenceslao Olea, que hizo otro tanto de lo mismo, pero en relación a los recursos que se formularon contra el veredicto de la AN que dio la razón al Concello.
En este tiempo de espera ha trascendido otra novedad vinculada de cierto modo al caso. Y es que la Comisión Europea decidió el pasado 15 de febrero abrir un "procedimiento de infracción" contra España por la gestión de las concesiones que dan derecho a ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestres con instalaciones permanentes, entre las que alude a restaurantesy granjas, pero también a "empresas papeleras".
La Comisión considera que la norma vigente no garantiza una "selección transparente e imparcial" a la hora de adjudicar las concesiones costeras. Y advierte de que "la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta 75 años sin justificación es contraria a las normas de la UE". Fuentes consultadas de la Comisión Europea indicaron a este periódico que el expediente fue abierto a raíz de una "denuncia", pero hoy todavía falta por esclarecer el recorrido y consecuencias del procedimiento.
