A día de hoy no está previsto que los colegios d Pontevedra y Marín tengan comedor escolar ni Plan Madruga. Independientemente de las conjeturas que se puedan hacer sobre la posible resolución del desacuerdo en el que se mantienen la Xunta y la Fanpa, la realidad es que unas mil familias que hacen uso del servicio siguen pendientes de que la situación se desbloquee. La puesta en práctica del protocolo ha generado diferencias entre la Fanpa (organizadora de los comedores) y la Xunta. Así, los primeros exigen mayor respaldo de la Administración en puntos como la habilitación de espacios, la supervisión de la logística o el aporte económico para afrontar el mayor coste del servicio.
El siguiente paso
¿En qué situación se encuentran entonces las negociaciones entre Fanpa y Educación? Ahora mismo está pendiente de celebrarse una reunión a dos bandas en la que la Fanpa detalle cuántos alumnos han solicitado el servicio. De este modo, la Fanpa ha recogido las inscripciones de los alumnos que necesitan comedor y Plan Madruga el curso que viene. «El delegado de Educación, César Pérez Ares, creía que se iba a producir una bajada en las solicitudes, pero se mantienen al mismo nivel que otros años», explica el vicepresidente de la Fanpa, Ángel Sánchez.
Fuentes de la Xunta aseguran que será después de que la Fanpa les pase estos datos cuando puedan empezar a trabajar para planificar los espacios y el protocolo. Por su parte, la Fanpa espera la llamada del delegado de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares, para que convoque la reunión una vez el plazo de solicitud de plaza en los comedores terminó el pasado 25 de agosto.
¿Cuáles son los puntos de desacuerdo?
Hay varios aspectos que dificultan el desbloqueo de la situación. Existen diferencias en lo que se refiere a la interpretación del protocolo elaborado por la Xunta y hay muchas dudas sobre cómo organizar toda la logística que implica dar de comer en un mismo espacio a grupos amplios de menores con todo lo que eso implica. «Algo tan sencillo como lavarse las manos se hace muy difícil si hablamos de un grupo de 60 niños que entran a un comedor y tienen que lavarse las manos al mismo tiempo», explica Sánchez.
Por otra parte, al ser la Fanpa la organizadora de la actividad, recae sobre ella la responsabilidad civil. «Ahora tenemos también una responsabilidad sanitaria para la que nuestra póliza de seguro no nos da coberturas», explica Sánchez. Así, reclaman mayor respaldo de la Xunta. «La Administración tiene más medios que nosotros para enviar técnicos o funcionarios que revisen el protocolo y creemos que la Xunta debe asumir también responsabilidad en este servicio», cuenta el vicepresidente de la Fanpa.
El tercer punto, que repercute en la economía de los padres, es una cuestión de dinero y el sobrecoste que supondrá la puesta en marcha de los comedores y el Plan Madruga en la conocida como "nueva normalidad". Las medidas de seguridad obligarían a doblar turnos de comedor, ampliar espacios y, por lo tanto, también ampliar la cantidad de personal que trabaja en el servicio. «Calculamos que la subida de precio para los padres será considerable», cuentan desde la Fanpa, que busca también respaldo económico por parte de la Xunta, un aspecto al que educación no se ha referido ya que prefiere conocer la cantidad de inscritos en el servicio antes de hacer cuentas.
¿Cuántas familias necesitan el comedor en Pontevedra?
Aunque la Fanpa prefiere no dar datos del número de menores que se han inscrito en el servicio para este curso, sí explican que es una cantidad «similar» a la de otros años, si bien «no se experimenta el incremento de la demanda que se venía notando en los últimos cursos». La Fanpa daba servicio a unos 1.200 alumnos de 18 colegios de Pontevedra y cinco de Marín. Además, unos 300 menores se beneficiaban del Plan Madruga en cursos anteriores, una demanda que se mantiene este curso y que obliga a habilitar nuevos espacios y doblar turnos de comedor. «La gente tiene la misma necesidad de conciliar que antes, los padres y madres siguen trabajando aunque haya una pandemia y, por lo tanto, necesitan comedores escolares», explica Ángel Sánchez.
¿Cómo se costeaba hasta ahora el servicio?
La Fanpa organiza este servicio, que realiza la empresa de restauración Arume. Para costearlo, son los padres los que asumen la mayor parte del precio del servicio, excepto algunos que puedan tener algún tipo de ayuda por su situación económica. Además, la Fanpa firma anualmente un convenio con el Concello de Pontevedra por el cual este destina una cantidad de dinero para actividades de la entidad. De esto, la Fanpa dedica una parte a los comedores para poder rebajar la cuota mensual de los padres. Además, este convenio se ha revisado en los últimos cursos para aumentar la dotación por el aumento de la demanda de este servicio. Por otra parte, la Xunta también concede una subvención a los comedores escolares cada curso. «Cuando llega hacemos una devolución de una parte de los costes a los padres, que no suele ser más de lo que les cuesta a ellos medio mes en todo el curso», explica Ángel Sánchez.
Según la propia web de la Fanpa, el coste del comedor para un niño que lo necesite los cinco días de la semana es de unos 85 euros al mes sin subvención, que bajaría unos euros por el descuento llegado de las subvenciones. «Ese es el precio de partida, ahora va a haber que incrementarle el coste de la implementación del protocolo, que es considerable», explica Sánchez. Por lo tanto, por encima de esos 85 euros, se producirá un aumento considerable si la Xunta no asume ese sobrecoste.
Si hay acuerdo, ¿llegará a tiempo?
Faltan menos de dos semanas para que comience el curso escolar y la cuestión de los comedores escolares sigue en el aire. De hecho, la Fanpa mantiene que a día de hoy están suspendidos. A espera de que se produzca la reunión correspondiente, la pregunta es si dará tiempo a poner en marcha los comedores si se llega a un acuerdo. «Es difícil poner en marcha este servicio con tan poca antelación y es posible que, en el caso de que podamos abrir los comedores, no sea en septiembre», cuenta Sánchez, que explica que la postura de la Fanpa no responde a «una pataleta», sino a una preocupación real que comparten las familias.
