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El Ministerio revisará "de oficio" los permisos y prórrogas en vigor

Calificación del litoral, según el Ministerio de Transición Escológica.  DP
Calificación del litoral, según el Ministerio de Transición Escológica. DP

El nuevo Reglamento de Costas anula los plazos establecidos en el Real Decreto de 2014, incluido el tope de los 60 años aprobado para Ence

El Ministerio de Transición Ecológica advierte de que revisará "de oficio" la situación de todas las prórrogas vigentes, no solo las que han sido recurridas en los tribunales, como es el caso de Ence, y que aplicará a todas ellas el límite de los 75 años (incluyendo la suma de la concesión y la prórroga).

En la práctica la revisión afectaría a un buen número de las empresas que operan en la costa, ya que la mayoría supera o está a punto de hacer este umbral de los 75. Sin embargo, ninguna de las fuentes consultadas, ni de la Administración autonómica ni de la estatal, ha sido capaz de cuantificar el alcance de la medida. Ninguna ha podido precisar cuántas sociedades están operando en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

El Ejecutivo socialista ha elaborado un Real Decreto en el que recoge las nuevas condiciones de ocupación del litoral en un nuevo Reglamento General de Costas. El texto se encuentra en fase de exposición al público y, a todas luces, su aplicación dependerá de la decisión que adopte el futuro Gobierno, porque el equipo de Sánchez ya no tiene margen para aprobarlo antes de las generales.

"CASO POR CASO". A expensas de conocer la decisión del electorado, la propuesta del Ejecutivo socialista modifica el Reglamento General de Costas 2014 e intenta unificar criterio con la Ley de Costas de 1988 y la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas del 2003.

La base de la nueva norma es el informe de la Abogacía del Estado que encargó el Gobierno socialista al poco de llegar a Moncloa, coincidiendo con la caducidad de las concesiones que habían sido otorgadas al amparo de la Ley de 1988 por un plazo máximo de 30 años.

El articulado resultante incide en que la Administración "deberá analizar caso por caso", pero que en ninguno de los supuestos estará obligada a aceptar la ocupación de los terrenos públicos y que, en cualquier caso, los 75 años serán "el umbral o límite superior más allá del cual no cabrá reconocer una duración temporal, sumada la concesión inicial y las prórrogas".

La duración de las concesiones será fijada en función del impacto paisajístico o el grado de interés para el dominio público marítimo-terrestre

Las concesiones que, junto a las ampliaciones, superen este intervalo temporal serán modificadas y "se entenderá que han sido otorgadas por el plazo máximo de 75 años". En el resto de supuestos, la duración de los plazos se decidirá teniendo en cuenta factores como el impacto paisajístico, la adecuación al medio, el grado de interés que represente la instalación para el dominio público marítimo-terrestre, su ubicación (para saber si afecta o no a la ribera del mar) o las inversiones previstas.

Asimismo, el plazo de la concesión y sus prórrogas valorará la financiación de proyectos contra la erosión y los efectos del cambio climático, la adopción de medidas de eficiencia energética, el ahorro en el consumo del agua, la calidad ambiental y la ejecución de actuaciones en el borde marítimo que faciliten "su utilización pública gratuita" o que mejoren la accesibilidad.

NUEVOS TIEMPOS. La nueva norma se carga los plazos establecidos el anterior Reglamento, que preveía una prórroga máxima de 30 años para los negocios de restauración y otra de 50 años para las actividades industriales, que podría ser ampliada en la quinta parte (diez años) cuando las peticiones iban acompañadas de proyectos ambientales. Precisamente, esta última casuística fue a la que se acogió Ence para solicitar la prórroga que, finalmente, le fue concedida por Orden Ministerial en enero de 2016, cuando el Gobierno de Rajoy estaba en funciones.

Entonces la Abogacía del Estado sí entendía que la petición de prórroga se ajustaba a derecho y se acordó autorizar a la pastera para seguir en la ría hasta 2073, cuando se cumplirían 115 años desde que inició su actividad como Celulosas en las marismas de Lourizán. Con la nueva ley en la mano, el máximo sería 2033.

Carmela Silva responde al PP: el Pleno será el 30
La presidenta de la Deputación, Carmela Silva, afirmó este viernes que el Pleno provincial de este mes se celebrará el día 30 "por moitas cuestións", incluyendo "motivos persoais meus". La dirigente respondió así al PP, que esta semana denunció que el Gobierno provincial decidió aplazar el Pleno del día 26 hasta después de las elecciones para evitar tratar el asunto de Ence.

Silva señaló que en estos cuatro años se han aplazado numerosos plenos sin que el PP dijese nada al respecto y que este será uno más. Además, responsabilizó a los populares de la bronca montada en el último Pleno por los trabajadores de Ence, "porque o PP e CC OO nesta cidade son os mesmos", apostilló.

También recordó que la Deputación no tiene nada que ver con la cuestión de la pastera, así que señaló que el motivo de trasladar el asunto de Ence a la institución es estrategia política para perjudicar al Gobierno provincial.

 

El Ministerio revisará "de oficio" los permisos y prórrogas en vigor
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