Tras varios meses de reuniones con representantes del Ministerio de Transición Ecológica y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Concello de Pontevedra ha conseguido su objetivo: conseguir flexibilizar las restricciones establecidas en la Ley de Cambio Climático.
En esta normativa, aprobada en mayo de 2021, se establecía que los núcleos de más de 50.000 habitantes, así como aquellos de más de 20.000 que superasen determinados valores de contaminación, debían contar antes de 2023 con las zonas de bajas emisiones (ZBE), y para hacerlo se proponían dos posibilidades: el cobro de peajes o la disminución del tráfico limitando la circulación a los vehículos que tuviesen el distintivo medioambiental de la DGT.
Desde el primer momento, el gobierno local se opuso a esta medida y presionó en Madrid para que se suavizasen estas restricciones, proponiendo al modelo pontevedrés como una alternativa para evitar peajes o multas por circular.
Tras numerosas negativas, ahora, en El Real Decreto 1052/2022, aprobado este pasado martes en el Consejo de Ministros, en el que se regulan las zonas de bajas emisiones, se ha decidido incluir esta propuesta. En el artículo 5.3 se establece que "en casos debidamente justificados se podrán establecer excepciones a las restricciones previstas en el proyecto de ZBE", una decisión que fue aplaudida este jueves por la mañana por el responsable de Movilidad del gobierno local, César Mosquera.
"Aquí danse conta de que hai que corrixir o erro, e se fixan claramente cales son os obxectivos, que non son cobrar por entrar ou as etiquets, senón que o obxectivo é mellorar o aire e mitigar o cambio climático", afirmó el nacionalista.
El edil reconoció que "estar baixo a excepción non é a situación máis óptima", pero, por lo menos, "corrixe a situación de partida que era poñer unhas normas feitas a medida das grandes cidades e que, ademais, non funciona".
En este sentido, "ao poder optar por outros modelos", siempre y cuando se cumplan con los parámetros de contaminación exigidos, Mosquera supone que "boa parte das cidades que non teñen problemas de contaminación graves optarán por esta vía, porque as outras son traumáticas".
De este modo, la ciudad del Lérez no tendría que hacer ningún cambio en su modelo, ya que, tal y como el edil confirmó "xa cumpre cos parámetros marcados", aunque, por el momento el gobierno local desconoce cuál será el método para medirlos.
La Boa Vila es la única ciudad que cumple con todas las exigencias de la normativa
España tiene 149 ciudades con más de 50.000 habitantes, por lo que todas ellas deberían disponer de una ZBE este próximo 1 de enero. Sin embargo, a día de hoy, y que la tengan completamente implantada solo están Madrid, Barcelona y Pontevedra, pero, tal y como afirmó esta mañana Mosquera, las dos primeras "seguen sen cumprir os parámetros de contaminación".
Por ello, actualmente solo la capital de la provincia cumple realmente con todas las exigencias de esta normativa.
En este sentido, cabe recordar que las ciudades españolas dispondrán de un plazo de cuatro meses para presentar los datos que demuestren que los parámetros están superados y, las que no lo hagan, dispondrán de 18 meses para adaptarse al Real Decreto que se aprobó esta semana.
Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de diciembre el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible. En su artículo 30 se establece "todo o que teñen que facer as administracións públicas". Unos deberes que, tal y como el edil César Mosquera afirmó, "parecen calcados do modelo de Pontevedra".
Entre ellos se exige crear "modelos urbanos de proximidade, cidades compactas, usos mixtos do chan, proximidade das persoas as actividades", así como "reforzar o papel das rúas e prazas" o hacer "entornos escolares seguros coa eliminación de tráficos".
Es decir, "toda a polémica coa que levamos nesta cidade durante 20 anos, agora parece nun anteproxecto de lei para que sexa obrigatorio para todas as cidades do Estado", señaló el nacionalista.
