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Una mujer y su nieto, en la calle tras denunciar a su hijo por malos tratos

La comisaría de la Policía Nacional en la que se efectuó la denuncia. ALBA SOTELO (ARCHIVO)
La comisaría de la Policía Nacional en la que se efectuó la denuncia. ALBA SOTELO (ARCHIVO)

La abuela se hace cargo del joven, con una discapacidad del 67%, y su novia embarazada

"Si una persona comete un delito, la detienen, la meten en una celda y esa noche cena caliente. A mi abuela y a mi primo no le han dado ni eso". Con esta queja denuncia una joven la situación de sus familiares, que se han quedado en la calle tras haber denunciado al hombre con el que convivían por maltrato.

El pasado domingo por la mañana, María (nombre falso) denunció a su hijo por malos tratos ante la Policía Nacional. En la denuncia, acompañada por un parte médico, la mujer se refiere a un puñetazo y un esguince en una muñeca derivado de la agresión. En la casa de Lourizán que María comparte con su hijo —al que denunció— vive también su nieto (y sobrino del denunciado), José (nombre falso), con una discapacidad del 67%, y su novia, embarazada de cinco meses. Según explica la denunciante, su hijo la echó de casa y su nieta mayor tuvo que ir a recogerla después de un tiempo bajo la lluvia la noche del sábado. Durmieron en casa de su nieta y al día siguiente pusieron la denuncia.

El problema ahora es que María, su nieto y la novia de este no tienen a dónde ir. La casa que compartían junto al presunto agresor estaba alquilada a su nombre, por lo que no son dueños de nada. María acusa a su hijo de haberle retirado todo el dinero de la cuenta (según la mujer, él manejaba las tarjetas y la libreta del banco) y, hasta que no cobre la próxima pensión, su cuenta está vacía.

Su nieta ha denunciado la situación ante los servicios sociales del Concello y ante la Policía Nacional, pero, por el momento, tanto la mujer como su nieto y la pareja de este han tenido que pasar estas noches en una casa sin suministro de luz ni agua y en unas condiciones pésimas que pertenece a un familiar con problemas de adicción a las drogas. "No entiendo cómo pueden dejar a mi abuela en esa situación, tiene 70 años y los primeros días estuvo sin medicación y en zapatillas, con lo puesto", explica la joven.

Este jueves tienen cita con una asistente social del Concello para buscar una solución al problema. Sin embargo, la joven denuncia el trato que han recibido sus familiares tras un episodio que, según indica, se ha repetido en más ocasiones. "Llamé varias veces a servicios sociales para que hicieran algo y me dicen que si no reciben un parte de la Policía Nacional ellos no pueden hacer nada; cuando llamo a la Policía me dicen que ellos no tienen que enviar nada. Estoy hecha un lío y, mientras, mi abuela no tiene dónde dormir", explica la joven, que vive en casa de sus suegros y no tiene recursos económicos para ayudarles.

El de María y José es un ejemplo de desamparo que la nieta y prima de ambos, respectivamente, describe como un caso de "violencia económica, física y psíquica" continuada. "Estos días tuve que hacerles la compra para que pudieran comer y ahora vengo de una ONG que me donó algo de ropa y comida", explica. Si quieren acceder a sus efectos personales tienen que volver a la casa que compartían con el supuesto agresor, pero aseguran que tienen pánico.

"Yo creo que mi abuela tiene algo parecido al síndrome de Estocolmo, aguanta todo ese maltrato porque es su hijo, pero se merece vivir tranquila", explica. Sin embargo, la familia tiene por delante 19 días de desamparo hasta poder cobrar la pensión de 800 euros que recibe cada mes María, a no ser que alguien actúe para ayudarles a salir de esta situación de emergencia. Si nadie les ofrece otra solución, tendrán que aguantar un mes en una casa sin las condiciones mínimas de salubridad hasta poder alquilar otra vivienda. "Ya ha hablado con una señora dispuesta a alquilarle un piso cuando cobre", cuenta la nieta. De momento, tienen 50 euros que les ha adelantado el banco.

Sin pensión de discapacidad
Ninguna entidad se encarga de José, el nieto de la denunciante, que tiene una discapacidad intelectual con una minusvalía reconocida del 67%. Aunque estuvo escolarizado en un Centro de Educación Especial de la ciudad, al alcanzar la edad adulta su situación ha quedado en manos de su abuela.

De este modo, el joven ni siquiera recibe la pensión por discapacidad que le corresponde porque "nadie nos avisó de que tenía derecho a ello, yo me enteré ahora", explica la nieta de la denunciante y prima del joven. Tampoco tiene ningún tipo de apoyo educativo o para su integración laboral.

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