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O Mulo esquiva su último juicio, que se suspende por las restricciones del coronavirus

Rafael Bugallo, O Mulo, en la Audiencia. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Rafael Bugallo, O Mulo, en la Audiencia. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
El capo cambadés iba a comparecer este martes por lavar dinero procedente del narcotráfico

La Sección Cuarta de la Audiencia ha tenido que suspender el juicio previsto para este martes, con un ilustre protagonista: Rafael Bugallo, O Mulo. El capo de Cambados y sus presuntos testaferros, procesados por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, se han visto beneficiados indirectamente por la crisis del coronavirus, pues un juicio que ya se iba a celebrar con un importante retraso (los hechos ilícitos que se le atribuyen comenzaron a finales de los años 90), la dilación será aún mayor de la esperada, con el consiguiente beneficio a la hora de la pena a imponer a cada uno de ellos.

El tribunal decidió el aplazamiento de la vista, en la que también iba a comparecer el contrabandista O Pimpo, pese a la presencia de un preso (O Mulo), en vista de la gran cantidad de acusados (once) con sus respectivos abogados que debían coincidir en el Pazo de Xustiza.

El fiscal pide para O Mulo por estos hechos una pena de cinco años de cárcel (que, a buen seguro, rebajará por los constantes retrasos en la celebración del juicio), los mismos que para su exsocio y excuñado, el antiguo contrabandista Enrique Martínez Santiago, alias O Pimpo. El asunto procede de la operación Tortuga, la primera gran investigación de la Agencia Tributaria sobre los bienes de los narcos gallegos, desarrollada por Hacienda en 2005 y que culminó en 2006, con la detención de los dos citados, sus compañeras sentimentales y varios de sus hijos y allegados. En total serán once las personas que se sentarán en el banquillo por estos hechos, quienes, además de a las penas de cárcel (de entre tres y cinco años para cada uno, según su grado de participación), deberán afrontar el decomiso definitivo de muchas de sus propiedades, que pasarán, si resultan condenados, al patrimonio del Estado para su posterior cesión al Plan Nacional Sobre Drogas.

El fiscal del caso, Santiago Miguel, detalla en su escrito de acusación que "todos los acusados, de común acuerdo y con la intención de invertir el dinero obtenido de forma ilícita por sus actividades relacionadas con el narcotráfico, procedieron a realizar diversos gastos e inversiones". Así, atribuye a O.M.R., hijo de O Pimpo, y a S.O.P., su pareja, la adquisición de siete vehículos y una moto de agua en apenas tres años. "Todos los pagos fueron realizados en efectivo, lo mismo que los correspondientes a su actividad empresarial en el pub BB+ (en Cambados)". El pago de una vivienda y numerosos ingresos en cuentas bancarias tienen idéntica procedencia ilícita, según el fiscal.

En cuanto a Enrique Martínez O Pimpo, detenido en tres ocasiones por contrabando (la primera en 1982) y condenado por narcotráfico, la acusación señala que echó mano de su esposa y de sus dos hijas para lavar el dinero de la droga. De este modo, O Pimpo y sus testaferros adquirieron dos viviendas en Vilagarcía y dos pisos de 400 metros cuadrados cada uno en Pontevedra, entre otros inmuebles adquiridos presuntamente con dinero del narcotráfico.

En cuanto a O Mulo y sus familiares, se le atribuye la compra de media docena de fincas y varios vehículos y de décimos de lotería de Navidad de 1998 que habían resultado premiados, lavando así 100 millones de pesetas.

El fiscal pide penas que suman 51 años de prisión.

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