La normativa de la Xunta, publicada a finales de agosto, contempla sanciones económicas muy severas para quienes incumplan cualquier medida para frenar la pandemia. Así, quienes no acaten la obligación de cumplir cuarentena (bien por haber dado positivo, bien por haber estado en contacto con uno) se exponen a multas que oscilan entre los 3.005,07 y los 6.010,12 euros.
Pero no solo los particulares rebeldes sufrirán un considerable agujero en sus carteras. Los hosteleros también deben pensárselo dos veces antes de saltarse las restricciones, pues las sanciones abarcan una franja similar, pudiendo llegar hasta los 120.000 euros en los casos considerados muy graves.
Una veintena de locales de Pontevedra —la gran mayoría vinculados al ocio nocturno— han sido ya propuestos para una primera multa por incumplir la obligación de cerrar al público a la una de la madrugada. Ahora será la Xunta la que deba corroborar la infracción y fijar la cuantía, que llegaría a los 3.000 euros.
28 DENUNCIAS. La Policía Local ha tramitado, desde que se activaron las restricciones en junio, un total de 28 denuncias a locales de hostelería, con el matiz de que hay varios casos en los que en una misma intervención se detectaron diversas irregularidades. En total, la cifra de negocios infractores ronda la veintena.
Si bien la primera multa suele establecerse en 3.000 euros, los reincidentes se exponen a cifras más elevadas, pudiendo llegar hasta los 30.000 euros. A día de hoy, en Pontevedra, solo hay constancia de un pub que fue denunciado más de una vez.
La primera multa suele ser de 3.000 euros, pero los reincidentes se exponen a cifras más elevadas
Fuentes de la Policía Local aseguran que el comportamiento de la hostelería pontevedresa es, en líneas generales, de un gran respeto por las normas. "Siempre hay algunos que recurren a la picaresca para superar los límites, pero en el 99,9% de los casos basta una primera advertencia para que acaben acatando las normas", explican.
El protocolo de actuación es siempre el mismo. A medida que se aproxima la hora de cierre, varias patrullas recorren los lugares de mayor concentración de clientes —muchos de ellos en el centro histórico— para dejarse ver. Al cabo de un plazo de cortesía, que suele oscilar entre 15 y 30 minutos, si se comprueba que algún local continúa con la actividad se le realiza una primera advertencia.
Una vez transcurrido un tiempo prudencial, si los agentes detectan que persiste la actitud infractora, se tramita la correspondiente denuncia.
LOCALES 'REBELDES'. Es lo que ocurrió el pasado fin de semana con tres pubs del centro histórico, que fueron expedientados por seguir abiertos fuera del horario permitido. En uno de ellos, ubicado en la calle San Sebastián, se produjo un pequeño revuelo.
Tres pubs del centro histórico fueron expedientados el fin de semana
Según indicaron testigos presenciales, cuando la patrulla conminó al propietario a cerrar, por encontrarse ya fuera de horario, los clientes no dudaron en exteriorizar su malestar. Tras algunas protestas verbales, el asunto se resolvió con el cierre de la verja, pero una vez que los policías se ausentaron para seguir con su ronda, el local abrió de nuevo y en el exterior volvieron a congregarse los jóvenes desalojados.
Otro de los establecimientos fue denunciado por acoger una fiesta privada en la que los participantes no hacían uso de mascarilla ni respetaban la distancia de seguridad.
La portavoz del Gobierno local, Carme da Silva, informó este lunes de que la Policía Local tuvo que disolver un botellón ilegal en el entorno del IES Torrente Ballester. Varios vecinos alertaron de que había un grupo de adolescentes consumiendo alcohol en la vía pública.
Las patrullas desplazadas al lugar identificaron a una decena de jóvenes, que se enfrentan a una doble sanción: por consumir alcohol en la vía pública (prohibido por la normativa municipal) y por no llevar mascarilla. En este último caso, la multa que fija la Xunta asciende a 100 euros.
FIESTAS PRIVADAS. De hecho, el adelanto del horario de cierre de la hostelería está provocando un espectacular repunte de las fiestas privadas y de los botellones no autorizados. Antes de la pandemia, la Policía Local registraba cada fin de semana unas dos o tres llamadas de vecinos denunciando estos excesos.
Sin embargo, en las últimas semanas las quejas se han disparado un 80%, con especial incidencia entre el jueves y el sábado. El principal contratiempo con el que se encuentran a veces los agentes es que los inquilinos no les abran la puerta, lo que les impide comprobar la veracidad de la protesta vecinal.
Recordó que desde que la mascarilla es obligatoria, se han tramitado 125 denuncias por no usarla.
