Pontevedra
¿Quién es el dueño de Nexia?
La Inspección de Trabajo estudiará qué soluciones puede ofrecer "nun prazo corto de tempo" a los más de 60 trabajadores que integran Nexia, una empresa constructora de Pontevedra acechada por las deudas. Además, consultará la situación de las obras que le adjudicó la Administración y cuyos contratos han empezado a ser rescincidos por concellos como Pontevedra, Poio y Vilagarcía.
Las medidas fueron acordadas en la reunión de mediación celebrada este martes entre Inspección, delegados sindicales y el representante de la empresa, José Manuel Rodríguez; un hombre que, según las fuentes consultadas, se presentó en calidad de "amigo" de los nuevos administradores de la firma y evidenció un "claro desconocimiento sobre la situación de la empresa".
El portavoz de la CIG, Xaquín Agulla, fue uno de los asistentes al mencionado encuentro, en el que dejó ver que el despido de la plantilla implicaría el abono de 300.000 euros en concepto de indemnizaciones. A esta cantidad se deberían sumar, además, las nóminas de enero y la extra de diciembre, pendientes de abonar.
La inspección deberá dirimir cuál podría ser la opción más viable de las posibles, entre las que también se encuentra la posibilidad de convocar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y, en paralelo, un concurso de acreedores. Obviamente, la situación económica será factor clave para adoptar una decisión y, según Agulla, hay indicios suficientes para concluir que "a empresa está quebrada, en bancarrota". "Alegan que a planta de aglomerado que teñen frente ás oficinas vale seis millóns pero, como mínimo, o pasivo é un millón máis".
A las deudas salariales, los afectados suman una supuesta deuda de 8,5 millones de euros a proveedores de material y subcontratas, lo que ha motivado la paralización de la práctica totalidad de los trabajos que se encontraban en ejecución. De hecho, parte de la plantilla se encuentra de vacaciones forzosas y otra parte asiste a su puesto de trabajo, pero sin poder realizar ninguna tarea ante la falta de material.
La situación ha llevado a la CIG a cursar denuncias "por falta de traballo efectivo" y por el "despido tácito" que implica la ausencia de tareas. El sindicato ha dirigido las quejas al servicio de mediación, pero con la previsión de continuar por la vía jurídica, tal y como también pretenden los acreedores. Este mismo martes el grupo de afectados celebró una nueva reunión para intentar consensuar abogado.
La constructora fue vendida a mediados de enero por su anterior administrador, Pablo Valiñas Monteagudo, a una sociedad que, aún hoy, suscita muchas dudas. Ninguno de los agentes del entorno ha podido precisar las raíces de la empresa adquiriente ni el nombre completo de su responsable. "É un caso totalmente anómalo. En todos os anos que levo en actividade sindical, nunca atopei algo igual", concluyó Agulla.
