El nombre de Juan Sebastián Elcano se puede leer en el acceso al recinto escolar, aunque todavía faltan por pulir ciertos detalles para que la tipografía sea más visible.
Esta obra supone el adiós definitivo de Salvador Moreno, que hasta ahora daba nombre al colegio, que se construyó en 1953, en plena dictadura franquista, y se puso en marcha en 1954. Desde entonces y hasta 2015, el centro estuvo dirigido por la congregación religiosa de las Discípulas de Jesús, aunque la Armada siempre mantuvo la gestión de la instalación. De hecho, el alumnado está formado por los hijos e hijas del personal de la Escuela Naval de Marín, del Ejército de Tierra, de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de otras personas con alguna relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el Juan Sebastián Elcano se imparten clases desde los niveles de Primaria a Secundaria. Aunque al principio era un centro exclusivamente masculino, a partir de 1981 se abrió a una educación mixta, por lo que tanto niños como niñas tenían derecho de matrícula.
HIJO ADOPTIVO. Salvador Moreno no solo dio nombre al colegio situado en la entrada al barrio de Mollavao, sino que también presidió la calle en la que estaba situado. Esta situación cambió en octubre de 2002, cuando el vial pasó a llamarse Rosalía de Castro tras la aprobación del Concello, gobernado por el BNG de Miguel Anxo Fernández Lores, que iniciaba entonces su primer mandato en solitario como alcalde.
El almirante ferrolano, que participó como capitán de fragata en el alzamiento contra el Gobierno democrático de la Segunda República y fue ministro con el dictador Francisco Franco, aún mantiene privilegios en Pontevedra. Es Hijo Adoptivo desde 1942.
El último escudo franquista en un edificio público está en la Audiencia
La Audiencia Provincial de Pontevedra, que es la casa en la que se imparte justicia, es el único edificio público de la capital provincial que mantiene un escudo vinculado con la dictadura.
El edificio depende directamente de la Xunta, concretamente de la Consellería de Xustiza, que recientemente ha hecho obras de reforma en la sede situada en la calle Rosalía de Castro.
El resto de vestigios franquistas en la ciudad se encuentran en edificios de carácter privado.