9.585 trabajadores de la provincia están afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), una fórmula que en tiempos de pandemia ha batido todos los récords y que incluso se ha reinventado para intentar sujetar el empleo mientras la medicina espanta el coronavirus.
El total se aproxima al 10% del pico de empleados que llegaron a estar en la provincia en ERTE cuando se recurrió al confinamiento, aunque actualmente las condiciones difieren bastante respecto a entonces. La clase obrera no cobra lo mismo que en abril y la patronal no tiene las mismas exoneraciones fiscales. Muchas empresas ni siquiera están autorizadas para acogerse a un ERTE covid. De hecho, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 1.074 trabajadores de la provincia están afectados por un expediente que no encaja en ninguna de las categorías planteadas para empresas castigadas por la covid, por lo que sus titulares deben correr a cargo con el 100% de las cuotas.
Las exoneraciones fiscales fueron prorrogadas hasta el 31 de enero, aunque su cuantía oscila en función de las causas y la plantilla
Otros 3.414 asalariados están regulados por un expediente de fuerza mayor. Este subtipo fue prorrogado de forma automática hasta el 31 de enero, aunque las rebajas fiscales se limitan a empresas de 42 categorías, consideradas las más castigadas por la crisis, así como aquellas sociedades cuya actividad dependa mayoritariamente de estas. En estos casos, las exoneraciones en las cotizaciones son del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que alcanzan ese tamaño o lo superan. Y se aplican tanto para el personal con su empleo suspendido como para el que se reincorpore.
2.220 asalariados están regulados por un expediente de impedimento, una modalidad de ERTE desarrollada en el Real Decreto 30/2020 de finales de septiembre y dirigida a empresas que tienen que cerrar algún centro de trabajo por las restricciones covid. En este caso, las firmas con menos de 50 trabajadores son eximidas de pagar las cotizaciones, mientras que a partir de este umbral el ahorro es del 90%.
El total se aproxima al 10% del máximo de trabajadores que llegaron a estar en ERTE cuando se decretó el confinamiento
Otros 1.548 están afectados por expedientes de limitación, otra subcategoría regulada en septiembre aplicable a las empresas que ven lastrada su actividad a raíz de las decisiones adoptadas por las autoridades. En este caso, las exoneraciones en las cuotas por los trabajadores en suspensión han ido oscilando. En octubre fueron del 100% para las firmas con menos de 50 personas en plantilla, este mes han pasado al 85% (75% si son más de 50 trabajadores) y en enero serán de entre el 70% y el 80%.
