El sector inmobiliario reclama al Gobierno "medidas contundentes" contra la okupación en un momento en el que consideran de extrema necesidad para defender la propiedad privada y establecer una normativa clara y ágil. Aunque en Pontevedra el problema no llega a ser del alcance del registrado en grandes ciudades como Barcelona, los propietarios de las segundas viviendas están transmitiendo a las agencias inmobiliarias su temor por encontrarse de un día para otro con inquilinos que se han apoderado de su propiedad.
Javier Tovar, que en sus tres décadas de experiencia profesional en el sector inmobiliario dice no haberse encontrado con la problemática okupa "que tiene una vertiente social de personas antisistema o marginales que se apoderan de una vivienda para tener un asentamiento residencial", indica que percibe "un temor cada vez más creciente" de los propietarios por el "hipotético desamparo legal" que se produce en estas situaciones de ocupación ilegítima de la vivienda.
"A veces los okupas, aunque se consideren antisistema, se aprovechan del propio sistema para permanecer el mayor tiempo posible en una propiedad que no lo les corresponde", subraya Tovar.
Con todo, puntualiza que la problemática ocasionada por el movimiento okupa "es muy lejana" a Pontevedra y su zona de influencia. Señala que, en todo caso, la okupación de viviendas que se ha venido registrando en la Boa Vila se ciñó casi exclusivamente a las propiedades con las se hicieron durante la crisis inmobiliara entidades bancarias y grupos de inversión. "No había tanto cuidado en preservar la propiedad con vigilancia y eso ha dado lugar a ocupar viviendas que han estado en una especie de paréntesis legal o de no posesión", aclara Tovar.
Javier Tovar
"Muchos propietarios nos piden no poner los carteles de ‘se vende’ o ‘se alquila’ por miedo a que les ocupen su casa"
"Hay muchos propietarios temerosos que incluso nos piden no poner los carteles de se alquila o se vende por miedo a que le ocupen la vivienda y les generar un problema muy serio", apostilla el experto. Si esto sucede, subraya, "habría que centrarse en tomar una acción legal sujeta a la Ley, que muchas veces significa tener que aportar pruebas documentales en un largo camino hasta llegar a la recuperación de la propiedad". Ese proceso, indica, en ocasiones puede prolongarse más allá de un año porque los inquilinos alegan tener "algún derecho muy abstracto".
Según Tovar, las agencias inmobiliarias se encuentran en ocasiones con situaciones que, aunque no poseen unas características idénticas a las protagonizadas por okupas, vienen dadas por la falta de cumplimiento de las obligaciones de los inquilinos, sobre todo en lo que afecta al pago de la vivienda. En este caso, según indica, las actuaciones judiciales resultan "eficientes" con plazos "relativamente cortos" en los que se produce el alzamiento (desalojo) de las personas que ocupan el inmueble.
El especialista inmobiliario subraya que las agencias de este sector, en su papel de intermediación entre el arrendador y el arrendatario, procuran que los derechos y las obligaciones de una y otra parte queden protegidos totalmente. "El dueño quiere que se haga un buen uso de su propiedad y que se cumplan las obligaciones de pago, por lo que a veces es exigente en que el perfil del inquilino (arrendatario) reúna esas condiciones, aunque eso no significa una garantía absoluta ya que luego pueden pasar cosas imprevistas. Nunca sabes qué puede devenir en el futuro".
SAN MAURO. La última okupación de un vivienda registrada en la capital de las Rías Baixas ha tenido lugar en San Mauro. Una familia de la etnia gitana tomó posesión de la casa situada en el número 51 de este barrio de Mourente tras derribar una verja de acceso al inmueble, tirar la puerta de la entrada y forzar la cerradura. El inmueble carece de alarma.
Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a la Policía Nacional el pasado día 19, al percatarse de la existencia de los daños. Los agentes fueron recibidos por una mujer que en un primer momento se presentó como la propietaria de la vivienda. Tras ser identificada, reconoció que ella y su familia habían okupado la casa hacía 20 días, si bien los residentes en la zona manifestaron sus dudas sobre este plazo ya que no habían advertido nada sospechoso en la vivienda hasta esa misma tarde.
La Policía Nacional levantó el correspondiente atestado pero no pudo efectuar el desalojo de los okupas porque entre los miembros de la familia se encontraban dos hijos menores. Además, los agentes localizaron a los propietarios para informarles de la situación que les impide disponer de su propiedad, un inmueble que habían restaurado. Se trata de una vieja casa-escuela que en su día fue propiedad de la Iglesia y que fue vendida a un particular que la acondicionó como vivienda. Los actuales dueños interpusieron la correspondiente denuncia en la Comisaría de Policía para iniciar un proceso legal que les permita recuperar su vivienda.
Los vecinos de San Mauro permanecen en alerta temerosos de que otros okupas puedan estar fijando sus ojos en algunas otras casas de la zona cuyos propietarios no pueden permanecer en ellas todos los días del año. Incluso algunos de los residentes se han visto obligados a abandonar su hogar habitual para trasladarse a esa segunda vivienda y efectuar tareas de vigilancia nocturna.
