La Unión Europea impulsó en 2006 la creación de oficinas para evitar que las organizaciones criminales puedan amasar beneficios tras sus fechorías. España, que ha ido varios pasos por detrás de sus socios comunitarios, dispone al fin de una oficina activa al servicio de jueces y fiscales con acceso a una base de datos "bestial". Los narcos gallegos verán cómo, a partir de ahora, sus imperios legales volverán a tambalearse.
Otilia, esposa de Marcial Dorado Baúlde, continúa atrincherada en la mansión que un día perteneció al narco y que, legalmente, ya ha pasado a manos del Estado, en A Illa de Arousa. El decomiso de esta vivienda (que se hará efectivo en breve plazo, por las buenas o por las malas), es un ejemplo del trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo con el objetivo de arrebatar a los capos de la cocaína los bienes obtenidos a base de introducir grandes alijos en Europa. Sin embargo, en los últimos años, y a excepción de procesos pendientes como el del citado Dorado, el de Patoco o el de Sito Miñanco, las causas por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico eran menos habituales en los tribunales. A partir de 2020, la situación va a cambiar. Al amparo de una normativa comunitaria dictada en el año 2006 que instaba a los países miembros a implantar oficinas para la recuperación de activos, como "la mejor forma de lucha contra la criminalidad organizada", ha nacido la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos). Opina Luis Uriarte, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y uno de los encargados de mostrar la dinámica de esta nueva herramienta a los miembros del Ministerio Público.
"Tiene acceso a una base de datos bestial que puede conocer los bienes de una persona o de una sociedad en todo el Mundo"
En el 2010, la ORGA daba sus primeros pasos sobre el papel tras una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero nada se hizo de forma efectiva. No fue hasta 2015 cuando se desarrolló y se creó la oficina, que, cuatro años después, al fin está completamente operativa.
El servicio, que en algunos países depende directamente de la Fiscalía y en otros de la Policía, en España nace bajo el paraguas del Ministerio de Justicia, con dos vertientes dependientes de sendas subdirecciones generales. La primera, dedicada a la recuperación de activos, está liderada por un alto mando de la Guardia Civil; la segunda, encaminada a la gestión de bienes ya decomisados, depende de una funcionaria del Estado.
"Está al servicio del juez y del fiscal, que es el que contacta con la oficina para comenzar a investigar. La ORGA tiene acceso a una base de datos bestial que puede conocer los bienes de una persona o de una sociedad no solo en España, sino en todo el Mundo", explica Uriarte.
Pablo Varela, fiscal Antidroga de Pontevedra, tiene depositadas grandes esperanzas en la operatividad de la nueva oficina, de la que espera que obtenga datos que le permitan iniciar nuevas investigaciones para arrebatar el patrimonio que aún tienen personas que estuvieron (o continúan) relacionadas con el tráfico de drogas en Galicia.
"Podemos hacer que la lucha contra el crimen derive en resultados que permitan hacer partícipe a la sociedad de las ganancias del delito"
"El tráfico de estupefacientes es un problema para la salud pública, pues se fomenta el consumo y el consumo perjudicial en las distintas capas de la sociedad de sustancias tóxicas que generan una adicción con unos efectos perniciosos, pero además es un problema que parte de organizaciones criminales que buscan un lucro económico", destaca el fiscal pontevedrés, que explica que "en la actualidad se han producido reformas y se están implementando sistemas, como la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, específicamente dotada para hacer eficiente ese mecanismo de gestión de los beneficios derivados de la actividad criminal. Podemos hacer que esa lucha contra el crimen derive en una serie de resultados que supongan poder hacer partícipe a la sociedad de las ganancias del delito en lugar de seguir permitiendo que los delincuentes sigan beneficiándose de esas ganancias que antes no se conseguían incautar".
En la plantilla de la ORGA están miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios, fiscales, jueces y secretarios judiciales. La oficina supondrá "una ayuda brutal para el juzgado", según explica Uriarte, que detalla la importancia de la vertiente de gestión, que funciona de un modo similar al Servicio de Xestión de Bens Decomisados de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico: o vende de forma anticipada los bienes incautados (el dinero obtenido se queda en el juzgado hasta que la sentencia sea firme, y si el acusado es absuelto, se los devuelve), o los cede a las Fuerzas de Seguridad, o se subasta.
En la actualidad ya hay una delegación de la ORGA en Algeciras. La de Galicia será la siguiente.
