La lucha contra el crimen organizado en Pontevedra cambiará a partir del 5 de diciembre sustancialmente. La publicación el martes pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica" ha provocado una cascada de reacciones entre los numerosos agentes que deberán trabajar en base a ella. Jueces, fiscales (especialmente Luis Uriarte, delegado Antidroga) y miembros de los cuerpos de élite de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan desde la ciudad del Lérez (Greco, Udyco y ECO, además de los expertos en la lucha contra la criminalidad en Internet) tienen opiniones bien distintas en relación con un nuevo texto legal que no ha dejado a nadie indiferente y que abre un nuevo panorama para los policías, pero también para los delincuentes.
AGENTE ENCUBIERTO. Una de las herramientas más interesantes de las que dispondrán a partir de ahora los miembros de las fuerzas de seguridad es la posibilidad de introducirse en Internet e investigar a criminales o a organizaciones sin la necesidad de identificarse, pudiendo hacerse pasar por una persona de a pie. "En Estados Unidos lleva muchos años funcionando muy bien, dedican medios a ello y desenmascaran a delincuentes, en especial a quienes se dedican a la pornografía infantil", explica Uriarte, que además de dirigir la Fiscalía Provincial Antidroga es un experto en delitos telemáticos. El nuevo texto legal destaca al respecto que "el agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos", a lo que añade que "en el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio". La modificación, pues, abre un amplio abanico de posibilidades para los agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Pontevedra y para sus colegas de la Policía Nacional. Al mismo tiempo, supondrá la necesidad inmediata de refuerzos en ambas unidades dado el previsible aumento de las investigaciones y de los delitos detectados.
Los agentes especializados recelan de un aumento de derechos para los detenidos que se aleja de la legislación de otros países
DERECHOS DELDETENIDO. Uno de los aspectos que menos ha gustado entre los miembros de las fuerzas de seguridad que luchan contra el crimen organizado en la provincia es el nuevo marco legal que ampara a los detenidos, que, a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno (Portugal o Francia), les permite llevar a cabo acciones que, llegado el caso, podrían perjudicar el desenlace adecuado de las operaciones. Una de las cuestiones que más preocupa en este punto es el "derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección" que confiere la nueva ley. Esta llamada se une a la que ya preveía el texto anterior (para avisar a un familiar) y hace que el investigado tenga la posibilidad de alertar a quien considere conveniente de lo que está sucediendo, pudiendo llevar al traste otros arrestos cuando se trata de un golpe contra un grupo organizado de delincuentes.
ESCUCHAS Y MICROS. La regulación de las intervenciones telefónicas, necesaria ante los recientes reproches recibidos por los jueces españoles desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha llevado a cabo de forma conjunta con la de la interceptación de las comunicaciones telemáticas. "La intervención judicialmente acordada podrá autorizar el acceso al contenido de las comunicaciones y a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación, así como a los que se produzcan con independencia del establecimiento o no de una concreta comunicación, en los que participe el sujeto investigado, ya sea como emisor o como receptor, y podrá afectar a los terminales o los medios de comunicación de los que el investigado sea titular o usuario. También podrán intervenirse los terminales o medios de comunicación de la víctima cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad", señala el texto reformado.
Los jueces tendrán que agilizar los trámites, pues la reforma marca plazos prefijados para concluir las investigaciones
En cuanto a los micrófonos, cuyo uso había sido prohibido por el Tribunal Constitucional ante la falta de regulación, la ley modificada deja claro que podrán autorizarse "en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en cualesquiera otros lugares cerrados", aunque restringe el número de supuestos delictivos en los que pueden ser empleados.
Una regulación similar afecta desde ahora a los dispositivos técnicos de captación de imagen, seguimiento y localización. El juez podrá acordar su empleo "cuando concurran acreditadas razones de necesidad", y los agentes deberán especificar el medio técnico que van a emplear.
Por último, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (cuyo texto original data de 1882) regula el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información (ordenadores, discos duros y similares), dejando en manos del juez el alcance de dichos registros que, por defecto, no incluirán todo el contenido incautado.
