Una iniciativa parlamentaria de la senadora pontevedresa Pilar Rojo ha permitido conocer el estado real de las ayudas sociales del Gobierno para los consumidores incluidos en la catalogación de "vulnerables". En enero de este año, 21.082 hogares tenían concedido el denominado bono social en la provincia de Pontevedra. Se trata de unos descuentos que ofrece el Ejecutivo central para ayudar a las familias a pagar sus facturas de la luz. Los beneficiarios totales rondan en la actualidad las 80.000 personas en la provincia, incluidos también autónomos, desempleados, trabajadores en ERTE o en reducción de jornada por cuidados de personas afectadas. Son casi el doble de los que había antes de que la pandemia cambiase la normalidad en el mundo.
Los efectos del coronavirus en la economía de las familias están siendo demoledores. Los últimos datos oficiales hablan de casi 210.000 gallegos viviendo en una situación de pobreza severa, o de casi 15.000 perceptores de una renta básica de inserción. En la provincia de Pontevedra tienen aprobado el Ingreso Mínimo Vital algo más de 3.000 familias, pero las solicitudes superan ya las 13.000.
La presión asistencial se ha multiplicado en los comedores sociales, que atienden ahora mismo a casi un 50% de personas más que hace un año. ONG como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos están prácticamente duplicando el número de hogares atendidos. Y los nuevos demandantes de este tipo de asistencias, en muchos casos, son familias que han perdido sus trabajos, sus negocios o su medio habitual de vida como consecuencia de las restricciones derivadas de la covid-19.
La losa de las facturas de la luz es de las más pesadas. En los cerca de mil hogares habitados por casi 3.500 personas consideradas en riesgo de exclusión severa dentro de la provincia pontevedresa, la Xunta o los Concellos se están haciendo cargo del 50% de la factura eléctrica.
Para otras 10.337 familias, que suman en total una población superior a las 36.000 personas, el bono social les aplica directamente un descuento del 40% en sus gastos de luz. Son los considerados consumidores vulnerables severos, aunque no en riesgo de exclusión social.
Y 9.758 titulares de un recibo eléctrico, de los que en conjunto dependen algo más de 34.000 personas en la provincia, están ahora mismo catalogados como consumidores vulnerables y gozan de un descuento directo del 25% en sus facturas de la luz.
Un Real Decreto, el 897/2017 de 7 de octubre, regula las personas que pueden acogerse a este tipo de ayudas estatales para hacer frente a sus gastos energéticos.
Ser beneficiario del Bono Social eléctrico depende de la unidad familiar y del nivel de renta anual. En función de estas condiciones, una familia puede ser considerada desde vulnerable a vulnerable severa en riesgo de exclusión social. La ayuda incluye condiciones especiales que permiten beneficiarse de un margen de renta admisible mayor, como discapacidades iguales o superiores al 33%, víctimas de terrorismo o víctimas de violencia de género.
Además, las familias numerosas, tanto de rango general como especial, pueden acogerse a esta medida, así como los pensionistas por jubilación o incapacidad permanente que reciban la prestación mínima en su categoría.
Una vez que la comercializadora de electricidad recibe la solicitud de Bono Social por parte de un usuarios, si cumple con todos los requisitos puede obtener los descuentos en un plazo aproximado de quince días.
"Jamás pensé que tendría que elegir entre comer o poder pagar la calefacción"
Inma (nombre ficticio) encaja en la descripción de pobreza vergonzante. Su caso es un ejemplo de superación. Titular de un negocio de hostelería, casada y con dos hijos, en los últimos dos años su vida pasó de valorar la compra de una segunda residencia para el verano a luchar judicialmente contra un posible desahucio.
Una separación "poco amistosa" le llevó a vivir sola con sus dos hijos, de 8 y 10 años. Con problemas para que su exmarido le pase la correspondiente pensión desde el primer momento de la separación, Inma ha visto como la pandemia derribaba por completo su negocio y, con él, también su vida.
"Jamás pensé que tendría que elegir entre comer o poder pagar la calefacción, la luz o el alquiler", dice, "pero ahora mismo vivo de la ayuda familiar y la que recibo de organizaciones como Cáritas o el Banco de Alimentos. En menos de 24 meses he pasado de ser una ciudadana de clase media y con cierta capacidad de ahorro a convertirme en alguien en riesgo de exclusión social".
Su ejemplo, según admiten los responsables en Pontevedra del Banco de Alimentos o de Cruz Roja, no es aislado. El coronavirus ha dejado sin ingresos a muchas familias que acuden a diario a este tipo de organizaciones para recibir comida, ropa e incluso cuidados sociales.
"Las ayudas disponibles ahora mismo en las administraciones tienen varios problemas", considera Inma. Desde una tramitación compleja y poco accesible para muchas personas, hasta una lentitud burocrática que hace que estas aportaciones no siempre lleguen a tiempo.
"En el caso de los autónomos –señala–, tener que cerrar un negocio y seguir haciendo frente a los gastos fiscales, energéticos o de proveedores es, sencillamente, imposible. Y lo más triste es que las ayudas directas no han acabado de servir para muchas familias que se quedaron sin recursos o que, por sus circunstancias personales, hubieran precisado una aportación pública mayor y más ágil".
Su denuncia es compartida por las asociaciones empresariales de la provincia, que llevan meses demandando mayores apoyos.
Apuesta por presionar y colaborar con las administraciones para que trabajen con una orientación clara: "Hay que agilizar los trámites para llegar a tiempo", dice.
En su opinión, los controles parlamentarios sirven para que el Gobierno ponga a disposición de todos los grupos información sobre el estado de estos programas para que se puedan detectar y corregir fallos o anomalías.
