Más allá de los datos de denuncias que recopilan las Fuerzas de Seguridad del Estado, existe una vara de medir muy precisa para calibrar la incidencia de una modalidad delictiva u otra en un determinado territorio. El número de procedimientos judiciales incoados (o lo que es lo mismo, los delitos que se traducen en un proceso judicial) que desvela la Memoria de la Fiscalía Provincial pone sobre la mesa una cifra muy a tener en cuenta. Los hechos punibles que caminan hacia una sentencia en la provincia triplicaron en 2020, año pandémico, a los que se registraron en 2019 en el apartado de los delitos cometidos a través de Internet. Las autoridades llevan meses alertando de un repunte que ahora, tras la presentación de los datos objetivos por parte de la Fiscalía General del Estado, sitúa a la provincia de Pontevedra a la vanguardia de Galicia, con gran diferencia: más de la mitad de los procedimientos iniciados en toda la Comunidad Autónoma se han producido en el territorio del Suroeste.
El "elevado aumento interanual" que reconoce la Fiscalía Superior afecta a toda la Comunidad Autónoma, si bien lo que en Galicia es una subida del 74 por ciento, en Pontevedra se eleva hasta un 350 por ciento. El motivo, entre otros muchos, el desbocado aumento por parte de la ciudadanía del empleo de las tecnologías de la información por mor de la pandemia y sus restricciones. El mismo motivo que hace que los delitos "tradicionales" se hayan reducido hasta niveles nunca vistos por estos lares.
"Este contraste parece indicar que la pandemia del coronavirus y sus efectos restrictivos de movilidad pudiera haber motivado una especie de trasvase desde la delincuencia tradicional a la delincuencia informática", detalla la Fiscalía Superior de Galicia en su Memoria, en la que añada que "este efecto puede observarse particularmente en el delito incoado más numeroso, que sigue siendo la estafa informática".
1. Los datos
El dato más escalofriante de todos los que se registraron en la provincia de Pontevedra si comparamos 2020, el último año con números cerrados, con 2019, viene dado por los procedimientos judiciales incoados por estafas cometidas a través de las tecnologías de la información. Los 470 que acumula la Fiscalía en su Memoria recién publicada suponen un aumento de más de un 800 por ciento, liderando con claridad los incrementos de todos los territorios gallegos.
El crecimiento es igualmente palpable en los delitos telemáticos incoados contra la libertad sexual, que pasaron de 16 a 42, así como en los de acoso y amenazas, en los que apenas había incidencia y ahora ya es ciertamente significativa.
En el apartado positivo destaca la reducción de los casos judicializados por supuesta pornografía infantil en la red, que bajan de 31 a solo siete, y los de revelación de secretos, que se quedan en la mitad, de ocho a cuatro. Aumentan, aunque de forma contenida, los procedimientos incoados por presuntos ataques informáticos, que pasaron de solo uno en 2019 a los cuatro que refleja la Memoria de la Fiscalía Provincial de Pontevedra en el ejercicio 2020.
El procedimiento judicial más repetido, que creció a un ritmo de un 800 por ciento, tiene que ver con el engaño en internet
En cuanto a las sentencias, la mayoría condenatorias, el número también va en aumento, aunque de un modo ciertamente contenido. Así, en 2019 se dictaron 29 condenatorias y ocho absoluciones, mientras que en 2020 se emitieron 37 sentencias de condena y siete de absolución.
2. Las medidas
Las autoridades competentes en la materia llevan varios meses anunciando el incremento de esta modalidad delictiva y anticipando medidas para ponerle freno. Así lo ha dicho la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, en varias ocasiones, en especial con motivo de las juntas provinciales de seguridad en la que se reúne con los máximos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con competencias en la materia. Sin ir más lejos, la última en poner el acento en la gravedad de la cuestión fue Estíbaliz Palma, comisaria jefa provincial, que declaró ayer mismo que uno de los grandes retos que afronta la Institución a la que representa en Pontevedra es afrontar con garantías las transformación de digital y la lucha contra la ciberdelincuencia. Lo hizo en el marco del acto central de celebración del Día de los Santos Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo Nacional de Policía, en el que se entregaron condecoraciones a agentes y a otras personas que, por sus méritos, se hicieron acreedores de ellas. Palma situó a los delitos cometidos a través de Internet al mismo nivel que la violencia contra la mujer, la formación continuada y la criminalidad transnacional, como los grandes retos de futuro para el cuerpo en el que se integra.
"El coronavirus y sus efectos restrictivos pueden haber motivado un trasvase de la delincuencia tradicional a la informática"
No en vano, la Policía tiene ya un equipo de varias personas dedicadas en exclusiva a la investigación de estos ilícitos, y la Guardia Civil trabaja en estos momentos en un plan a nivel estatal para crear equipos en cada Comandancia que puedan ofrecer una respuesta eficaz a una amenaza que se ha convertido en uno de los grandes delitos de nuestro tiempo.
3. Los consejos
Además de la represión, muy complicada en esta clase de delitos, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los expertos en la materia siempre ponen el acento en que la mejor receta para evitar ser objeto de la actuación de los delincuentes que operan en la red es el sentido común y la prevención. Así, explican que nunca se deben abrir correos electrónicos cuya procedencia no esté acreditada, y mucho menos aportar datos bancarios por una vía que las entidades crediticias nunca emplearían. Se trata de personas que pretenden apropiarse de los mismos para expoliar las cuentas a los internautas.
Junto a ello, piden a los ciudadanos que duden cuando vean precios muy bajos por productos de un determinado valor de mercado, pues en la mayor parte de los casos se trata de personas que pretenden cobrar sin entregar nada a cambio.
Los agentes advierten que el cibercriminal al uso suele tener sus servidores en países que no prestan su colaboración con terceros a la hora de investigar, lo que les mantiene protegidos en muchas de las ocasiones.
