Pastor pedirá aclaraciones sobre el futuro de las firmas afectadas por la ley de Costas

Solicitará una reunión con la vicepresidenta de Transición Ecológica del Gobiero de Sánchez
photo_camera Pastor, Ramallo, Bas, Guerra, Muñoz y Rojo, con los empresarios. DP

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, solicitará una reunión con la futura vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de trasladarle la preocupación de los empresarios gallegos ante la previsible reforma del Reglamento de Costas, que afecta de manera especial a Ence en Pontevedra. Asimismo, se ha ofrecido a trabajar con los sectores afectados por dicho texto para defender conjuntamente sus intereses.

Pastor, acompañada por diputados y senadores del PP por la provincia de Pontevedra, mantuvo este mediodía un encuentro con sectores afectados, encabezada por el Círculo de Empresarios de Galicia. Esta reunión da continuidad a la ronda de contactos iniciada en septiembre para transmitir a los grupos políticos la inquietud empresarial por las consecuencias del borrador del Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Costas, en especial en lo que afecta a la prórroga de concesiones de Costas.

El citado texto ha sido objeto de cientos de alegaciones, dada la enorme incertidumbre que introduce para las actuales concesiones, no solo las pendientes de prórroga sino también las ya autorizadas, por cuanto ha reducido los plazos con respecto a la ley de 2013, sin contemplar período de transitoriedad. Así, la Ley de Costas de 2013 establece concesiones de 75 años, prorrogables por otros 75, mientras que el proyectado Reglamento fija en 75 años el máximo permitido (incluyendo concesión y prórroga), al tiempo que introduce criterios considerados discrecionales e incluso subjetivos. Los empresarios creen que se ha provocado una gran inseguridad jurídica; situación que ha derivado ya en la paralización de inversiones en la costa gallega, algunas de las cuales podrían ser desplazadas a otras zonas, según señalaron miembros de la comisión, que lamentan además que, en la redacción del texto, no se haya tenido en cuenta la especificidad de la costa gallega y su vinculación económica al mar.

Estiman, además, que la situación pone en serio peligran miles de puestos de trabajo.

Ana Pastor, por su parte, recordó que la Ley de 2013 resolvió la situación de más de 600.000 personas en un momento en el que existían 40.000 ocupaciones marítimo-terrestres, al tiempo que coincidió con el colectivo empresarial en las dudas sobre la prevalencia de un reglamento que previsiblemente será aprobado por Real Decreto, sin trámite parlamentario- sobre una ley a la que modifica.

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