La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) envió este lunes un comunicado para alertar sobre "el impacto económico" y "tremendamente preocupante" que supondría para Galicia la aprobación de la modificación del Reglamento General de Costas que ha impulsado el Gobierno socialista.
La patronal alude principalmente a la decisión de imponer un plazo tope de 75 años para las concesiones de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, incluidas las posibles prórrogas, pues, según sus cálculos, este nuevo horizonte temporal afectaría a la continuidad de "100 empresas y casi 5.000 edificios que se encuentran en el marco de protección marina".
La CEG subraya que el "inesperado cambio de criterio" de la Dirección General de Costas de dejar de defender la prórroga de Ence ha rebajado las perspectivas de futuro de la compañía, que esperaba continuar en Lourizán hasta 2073 y que, con la nueva norma, solo podría estar hasta 2033. Y a esto añade "la preocupación" y "el riesgo" que ahora atisba sobre "el futuro del sector del mar de Galicia", poniendo especial atención a "conserveras y depuradoras entre otras instalaciones, así como al resto de concesiones, desde hoteles y restaurantes hasta edificios públicos, como colegios y centros de salud".
ENCE. Ciñendo el foco a Ence, la CEG advierte de que las cifras que desprende el posible cierre de la pastera "provocan pavor". "Está fuera de toda duda que si las tesis del allanamiento son aceptadas en las sentencias de los tribunales y se anula la prórroga concedida, se provocará una destrucción de empleo sin precedente en toda Galicia ya que la planta de Ence dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que hay que sumar 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logístico y del transporte, así como 2.100 empleos más del sector forestal gallego", reza el escrito de la Confederación.
El grupo de empresarios recuerda que cada día entran en la fábrica 300 camiones, que Ence representa la mitad del tráfico del puerto de Marín, ya que exporta el 95% de la producción, y que el 30% de las personas empleadas en el sector forestal gallego dependen de su actividad.
A esto añade que el sector forestal del noroeste de España se vería "muy afectado" por el cierre de la pastera, ya que los precios bajarían por la caída de la demanda y esto acabaría repercutiendo en la economía de "más de 200.000 familias productoras forestales". Ligado con esto, la CEG respalda la tesis de que aumentaría "el abandono del medio rural, con el consabido riesgo de incremento de incendios".
La Confederación también se hizo eco de las alertas que trascendieron hasta la fecha y que advirtieron que con la marcha de Ence se perdería el compromiso de invertir 350 millones de euros en Pontevedra en los próximos cuatro años, "lo que supone empleo y actividad económica no solo para la provincia sino para toda Galicia". Para finalizar recuerda que el cierre no solo afectaría a la población gallega, sino también al "contribuyente español, porque la empresa demandará al Estado la devolución de lo invertido (122 millones)" desde la aprobación de la prórroga de la concesión.
