El Real Decreto-Ley 30/2020 que aprobó el Gobierno el pasado 29 de septiembre ha insuflado oxígeno a multitud de empresas y trabajadores y empresas que permanecían con el aliento contenido a causa de la pandemia. El acuerdo, fruto de una tensa negociación con los agentes sociales, prorroga los Erte de fuerza mayor hasta el 31 de enero y reajusta los expedientes por impedimentos (cierres forzosos) y limitaciones (a causa de restricciones).
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado entrever que esta no será la última ampliación de este tipo de mecanismos. Sin embargo, ambas partes, tanto la patronal como la clase trabajadora, consideran que la situación exige más certidumbre y muchos más recursos para mantenerse a flote. La lucha contra la covid-19 es una carrera de fondo y aún se desconoce dónde se colocará la meta.
El presidente de la Confederación de Empresarios (CEP) de Pontevedra, Jorge Cebreiros, aplaude que el "diálogo social" haya funcionado, pero se muestra reticente a lanzar campanas al vuelo. A su juicio, la patronal necesita más instrumentos para capear el temporal, entre los que prioriza la "flexibilización de los despidos". Según dice, el veto a las destituciones durante los seis meses posteriores al Erte tiene varios efectos contraproducentes. Uno de ellos es que "precisamente esta limitación ha llevado a muchas empresas a recurrir a los Erte convencionales, que quizás acaben con esos despidos que se quieren evitar". Y otro es que la obligación de mantener los empleos "puede acabar condenando" a las empresas más golpeadas por la pandemia, "llevando su tesorería al extremo". "Ningún empresario quiere despedir a sus empleados, pero si la situación es extrema quizás no quede más remedio que hacerlo, por lo que se debería dar la oportunidad de justificarlo", reivindica el portavoz.
Otras reclamaciones latentes en la patronal pontevedresa pasan por la inyección de nuevas ayudas "desde el punto de vista fiscal y financiero". Cebreiros desconoce cuál sería la fórmula más apropiada, "si mediante condonaciones, subvenciones directas o fondos de la Unión Europea", pero insiste en que "impulsar solo medidas para preservar el trabajo no llega". "Muchas empresas están con restricciones de actividad y aforo, y siguen pagando impuestos, alquileres, cuotas de la seguridad. Los ingresos -subraya- no son suficientes para soportar la actividad". Además, reclama que la próxima prórroga de los Erte se empiece a negociar sin llegar al tiempo de descuento y que la tramitación de este último Real Decreto sea más ágil, "porque lo que hemos visto hasta ahora es que el Sepe (Servicio Público de Empleo) está desbordado".
MORATORIAS. El presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Alfonso Martínez, comparte la idea de que prorrogar los Erte hasta finales de enero "no es suficiente" y que, como mínimo, la ampliación debería ser hasta "semana santa o junio". Además, aboga por alargar los períodos de devolución de los prestamos Ico (créditos gubernamentales que se ejecutan por medio de bancos y entidades financieras autorizadas), pues si nada cambia "el año de carencia finalizará a finales de marco o principios de abril", coincidiendo con una primavera que tiene todas las papeletas para ser la más mustia de los últimos años. "Es fundamental dar un año más".
Martínez también demanda una programación del escenario socioeconómico más a largo plazo, que ayude a trazar planes de futuro, "porque lo de ahora es un sufrimiento, todo es a última hora".
IMPUESTOS. El presidente de la Asociación de Empresarios de la Mediana y Pequeña Empresa (Aempe) de Pontevedra, José María Corujo, da por hecho de que los Erte forzados por el coronavirus van a superar la barrera del 31 de enero, pero advierte de que ahora mismo no es aconsejable avanzar tanto en el calendario. "Prevenir nunca está demás, pero hay que tener en cuenta que no tenemos presupuestos de este año y los del año que viene están en el alero. Aún no se sabe qué va a pasar con las partidas que van a pagar estos Erte".
El empresario atisba otras necesidades urgentes y, entre ellas, alude a la aprobación de "alternativas fiscales" para los afectados de los Erte. "Y no me refiero a aplazar los pagos de determinados impuestos, porque es alargar el problema, sino a establecer algunas reducciones muy necesarias. Hay sectores en los que l 21% está creando un problema añadido y reducir impuestos no implica menos recaudación. Al contrario. Implica más actividad, mejor desarrollo y, por extensión, más impuestos", concluye el portavoz empresarial.
