La patronal dice que Pontevedra "necesita suelo industrial", pero más barato y accesible

La CEP pide "rebajar los precios del metro cuadrado" y lograr una mayor "agilidad administrativa" para frenar la deslocalización a Portugal ► La falta de superficie en O Campiño provoca una fuga de proyectos a A Reigosa y otros territorios ► Sus propietarios calculan que la demanda actual ocuparía, al menos, "un 50% más de superficie"
Polígono industrial de O Campiño. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
photo_camera Polígono industrial de O Campiño. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Pontevedra necesita más suelo para el asentamiento de nuevas industrias, pero a precios más competitivos de los que se ofrecen ahora, con mucho menos papeleo y con la garantía de acceso rápido a todas las vías de comunicación posibles. Es la conclusión a la que llegan empresarios del entorno de Pontevedra y que, en varios casos, coincide con la lectura que hacen administraciones locales o la Deputación, que también asevera que hay una "enorme demanda" de terrenos empresariales.

La Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, es uno de los portavoces de la patronal que confirma que existe una "necesidad de suelo industrial", pero con mejores condiciones que las que se brindan en estos momentos. Según dice, la mayoría de la superficie disponible o tiene un coste inadecuado en comparación a otros sitios, "sobre todo respecto al norte de Portugal", o no está adaptada a las necesidades existen a nivel de comunicaciones. "Y no nos referimos solo a que haya fibra, sino a que existan unas buenas vías de comunicación, tanto por carretera como por ferrocarril", puntualiza.

Cebreiros también advierte de que la empresa "está adoleciendo la falta de agilidad administrativa", otro hándicap que puja a favor del traslado de industrias y compañías al país vecino: "En Portugal los trámites se resuelven en tres meses y aquí, a pesar de que la Xunta ha aprobado una ley de simplificación, se está tardando mucho", añade.

¿Qué se debería hacer? Según el presidente de la CEP, se deberían adoptar al menos dos medidas básicas: una mayor "agilización administrativa", imponiendo por ejemplo, el silencio administrativo positivo, y "sin duda rebajar los precios del metro cuadrado". "Sabemos que en algunos casos esto no es posible, porque son terrenos que, como los de la Plisan, están tutelados por el Estado. Pero habría que buscar soluciones imaginativas para estos casos, como el derecho de superficie (que permite construir en suelo ajeno) para que, a través de préstamos o subvenciones, las empresas puedan cubrir sus necesidades de suelo".

¿Qué ocurre si no se adoptan medidas? Que la deslocalización de industrias hacia el norte de Portugal se mantendrá activa, "porque en las relaciones laborales ahora hay menos diferencia, pero a nivel del suelo las disparidades son muy relevantes. Si necesitas 30.000 cuadrados y hay cien euros de diferencia en cada metro, qué duda cabe de que el empresario elegirá la opción más ventajosa".

O Campiño. En el caso concreto del municipio pontevedrés, la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial de O Campiño, donde están asentadas 62 empresas, asegura que la falta de suelo está provocando la fuga a otros polígonos de empresas que pregunta de forma periódica "si hay terrenos para alquilar o construir". Algunas optan por iniciar travesía en el polígono vecino de A Reigosa (perteneciente al concello de Ponte Caldelas), donde "sí hay parcelas libres y urbanizadas", pero otras terminan yéndose a otros territorios, "por ejemplo, al norte de Portugal, donde los precios son más competitivos", señalan desde la comunidad.

Aproximadamente el 50% de los demandantes de terrenos son empresas que ya están en O Campiño y que quieren conseguir parcelas inferiores a los 2.000 metros cuadrados para, sobre todo, disponer de un almacén. Y el 50% restante son compañías que quieren "más superficie" para otro tipo de actividades.

Precisamente, el pasado 6 de marzo el Concello de Pontevedra instó a la Xunta de Galicia a ejecutar la ampliación prevista de O Campiño, que incorporaría 342.000 metros cuadrados entre el parque actual y la antigua cantera de Marcón.

La Comunidad de Propietarios del Polígono afirma que no conoce el detalle de esta propuesta, pero que la demanda existente permitiría ocupar "al menos un 50% más de superficie".

La Xunta replica. Como principal aludida en las voces que reclaman más suelo industrial, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda asegura que de todos los concellos que integran las comarcas de Pontevedra, O Salnés y O Morrazo, la Xunta tan solo gestiona suelo empresarial en Ponte Caldelas.

Las fuentes consultadas subrayan que en A Reigosa están disponibles 112.368 metros cuadrados y que en los últimos tres años solo se adjudicaron "pouco máis de 18.000 metros cadrados". De ahí, que descarte ampliar o, por lo menos de momento, el parque de O Campiño. A esto añaden que en la Central de Transportes proyectada en el municipio pontecaldelense hay otros 37.134 metros cuadrados, que inicialmente estaban destinados al sector do transporte, pero, dado que no hay demanda para estos usos, se están nodificando para que puedan acoger actividades industriales y comerciales.

La Consellería destaca también que la Xunta es el único promotor de suelo empresarial que aplica una bonificación a toda la superficie que vende (en la mayoría de los casos del 30%) y que las empresas tienen acceso a facilidades. Por ejemplo, a comprar el suelo con pago aplazado durante hasta ocho años u ocupar los terrenos mediante el sistema de derecho de superficie a cambio de un canon anual que, según la Administración autonómica "é moi reducido".

En el caso del polígono de Ponte Caldelas, el canon medio es de 1,43 euros por metro cuadrado y el precio medio del metro cuadrado oscila en estos momentos entre los 53,67 y los 70 euros.

Los comuneros reclaman "precios prohibitivos"
A los obstáculos del precio y la tramitación, se suma ahora "un problema añadido". Y es que, según apunta el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, hay una reciente sentencia que reconoce a los comuneros como propietarios de los terrenos donde están asentados varios polígonos y que, como consecuencia, éstos pueden solicitar un canon superior al que venían abonando las sociedades a los concellos de referencia.

Cebreiros afirma que en varios casos esto se ha traducido en la reclamación de "precios prohibitivos" que son "inasumibles" para empresas que llevan en el mismo lugar "30 o 40 años" y que han hecho "importantes inversiones".

Subidas del 1.200%
La CEP calcula que en Galicia hay al menos 30 polígonos industriales que podrían verse afectados por esta sentencia. Fuentes consultadas precisan que en el área de Pontevedra el caso más reseñable se sitúa en el polígono de Monte Faquiña (Mos), donde los comuneros de Tameiga pretenden imponer "un canon desorbitado con incrementos por encima del 1.200%".

En primera instancia los tribunales dieron la razón a las empresas y declararon prorrogados los contratos de derecho de superficie, pero la Audiencia Provincial tumbó recientemente la resolución y ahora el caso está recurrido ante el Supremo.

Otro caso afecta a la parroquia viguesa de Cabral, donde los comuneros han presentado denuncias contra empresas y particulares para reclamarles el suelo que ocupan "basándose en levantamientos administrativos del S. XIX".

Comentarios