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La patronal exige a la Abogacía del Estado que "defienda la continuidad de Ence"

Cebreiros, Nogueira, Pedroso, Fernández, García, Touza y Barros (de izquierda a derecha), en la entrada de la sede de la Cámara de Comercio de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Cebreiros, Nogueira, Pedroso, Fernández, García, Touza y Barros (de izquierda a derecha), en la entrada de la sede de la Cámara de Comercio de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Los altos cargos de la Cámara de Comercio se reúnen en Pontevedra para exigir al Gobierno central que adopte "todas las medidas necesarias para consolidar la actividad" de la pastera ▶No descartan emprender medidas judiciales para garantizar los empleos y las inversiones proyectadas en Lourizán ▶Auguran que el cierre sería "un golpe terrible"

La plana mayor de la patronal pontevedresa se alineó este lunes en la ciudad capitalina para exigir al Gobierno central que adopte "todas las medidas necesarias para consolidar la continuidad de la actividad de Ence", cuya prórroga se encuentra en litigio en la Audiencia Nacional.

El presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, se acercó ex profeso a la delegación de Pontevedra con otros altos cargos de la entidad para demandar un giro de timón que ponga punto y final a la inseguridad jurídica que, según advirtió, ha generado la decisión de la Abogacía del Estado de allanarse en la defensa de la prórroga de la pastera.

¿Cómo? Para Costas la solución pasa por "cambiar el sino de una decisión arbitraria que se adoptó desde Madrid y mantener la prórroga (de Ence) tal y como se había acordado", esto es, durante 60 años y con vigencia hasta 2073. La Cámara de Comercio no descarta emprender medidas judiciales para lograr que Ence se quede en Lourizán y ya ha empezado a mover hilos para validar la ampliación de la concesión aprobada en enero de 2016 por el Gobierno en funciones de Rajoy.

Responsables de la Cámara de Comercio de Madrid han iniciado contactos con los abogados del Estado para evitar el cierre de la planta

Responsables de la organización cameral han iniciado contactos con la Abogacía del Estado "para que el eco de este movimiento" pro Ence sea "el más alto posible", aunque por el momento el alcance y el detalle está bajo secreto de sumario. "No puedo ser más explícito porque las gestiones se están haciendo", indicó Costas. El objetivo es múltiple e incluye "el mantenimiento de los puestos de trabajo, la recuperación de las inversiones previstas y la estabilidad en las explotaciones forestales".

EFECTOS COLATERALES. García Costas compareció acompañado por los vicepresidentes José Manuel Fernández Alvariño, Javier Touza Touza y Eduardo Barros; por el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros y los empresarios Lucía Pedroso, Santi Nogueira y Miguel Ángel García. La patronal hizo piña a favor de la continuidad de la pastera y puso el acento en las "graves consecuencias" que conllevaría la posible salida de Celulosas de la ría pontevedresa.

Es "un golpe terrible" para Galicia, subrayó Costas. Según añadió, el cierre de la fábrica supondría la pérdida de 400 puestos de trabajo directos en la planta afectada y repercutiría en los más de 2.700 empleos de las contratistas directamente vinculadas con Ence. Además, "pondría en muy serio riesgo más de 5.000 empleos por la falta de alternativas para cerca del 50% de la producción forestal de Galicia", recalcó.

La Cámara trasladó su "profunda sorpresa y malestar por el injustificable y repentino cambio de criterio" que cree que ha adoptado la Dirección General de Costas al renunciar a la defensa de su propia prórroga de Ence y al instar a la Abogacía del Estado a pronunciarse en esta dirección. El presidente de la organización incidió en que esta determinación "solo puede ser explicada en clave electoral", y aunque luego rehuyó hablar de réditos electorales, incidió en que "quien dio la concesión fue un Gobierno del PP y quien la revocó fue uno del PSOE".

TOPE DE 75 AÑOS. La Abogacía del Estado se pronunció en contra del permiso de 60 años que otorgó el PP a Ence para su planta de Pontevedra. Fundamentalmente, porque debe respetar el informe previo que elaboró a finales de 2018, coincidiendo con la finalización de las concesiones amparadas por la Ley de Costas.

El documento en cuestión fue encargado por el Gobierno socialista para unificar criterios ante el aluvión de peticiones de prórrogas con el que se topó al llegar a Moncloa. En este se acordó establecer un límite de 75 años para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre y denegar la continuidad de las industrias que no justifiquen que no pueden ocupar otro emplazamiento para desarrollar su actividad.

En el caso de Ence, la Abogacía se sustentó en este informe cuando le tocó pronunciarse en las denuncias promovidas por el Concello, la Asociación Pola Defensa Da Ría y Greenpeace, concluyendo que debía allanarse en la defensa de la prórroga. La Audiencia Nacional debe dirimir ahora (presumiblemente antes de finalizar el año) qué parte tiene razón.

Calculan una posible indemnización de 130 millones
La Cámara advirtió este lunes de que la anulación de la prórroga de Ence conllevaría importantes secuelas, tanto para el tejido empresarial como para el ciudadano de a pie. Según sus cálculos, se podría "tener que pagar del bolsillo de todos los contribuyentes más de 130 millones" en concepto de indemnización y compensación por la responsabilidad patrimonial del Estado. El importe se corresponde con la inversión hecha con vistas a la prórroga y podría multiplicarse si la firma añade el lucro cesante.

"Pieza fundamental"
La patronal cree que Ence es una "pieza fundamental" para el tejido industrial gallego. A tenor de las cifras aportadas, la compañía supone un 28% del PIB de Pontevedra y aporta más de 33 millones de euros en impuestos a las arcas púbicas. Es uno de los "principales exportadores de Galicia", con ventas al extranjero superiores a los 200 millones de euros, y compra el "100% de la madera en Galicia". Además, el tráfico vinculado con Ence "supone la mitad del total del tráfico del Puerto de Marín".

Menos competitividad
Para la Cámara de Comercio el cierre de la pastera conllevaría "consecuencias funestas para la economía". Además de repercutir en el empleo, implicaría "una crítica pérdida de competitividad para el sector forestal, que llevaría a un mayor abandono en las explotaciones forestales y a mayores problemas ambientales y de sostenibilidad", alertó el presidente de la organización cameral.

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