La patronal sitúa a Pontevedra como la "gran damnificada" por los nuevos criterios de Costas

Empresarios de la industria mar-alimentaria rechazan el tope de 75 años y exigen "criterios objetivos" para regular las concesiones
fabrica de mexilons leiro, adina, sanxenxo
photo_camera Trabajadoras en una factoría de tratamiento de mejillones.

La patronal de la industria mar-alimentaria demandó este martes al Ministerio para la Transición Ecológica que reformule los planes que ha trazado para regular la franja de dominio público marítimo-terrestre. Esta última reclamación se suma a las que distintos sectores han hecho llegar a la ministra Teresa Ribera tras conocerse la decisión del Gobierno central de mantener aparcada la reforma del Reglamento General de Costas e impulsar, en su lugar, cambios en la Ley de Costas.

Las empresas del sector se han agrupado en una confederación en la que están representadas Agade (Asociación Gallega de Empresarios Depuradores de Mariscos), Anfaco (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados), Apromar (Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España) y la Federación Gallega de Cofradías, entre otros organismos. Su intención es poner freno al propósito de retirar del litoral todas las actividades industriales que no necesiten estar pegadas al mar. Y, de forma paralela, alargar el tope de 75 años que propone el Gobierno para todas las concesiones, incluidas las posibles prórrogas.

El presidente de Agade, Roberto Fariña, se dirigió este martes a este periódico para advertir de que la provincia de Pontevedra "es la gran damnificada" por los cambios que están en proceso, ya que alberga un gran número de empresas vinculadas a la industria mar-alimentaria que se podrían ver afectadas por la nueva norma. Entre ellas, destaca la presencia de depuradoras, productoras de mejillón y factorías de tratamiento de marisco. 

Roberto Fariña asegura que el límite de 75 años atenta contra el futuro de muchas y, más aún, la previsión de autorizar un máximo de tres años en las concesiones para las industrias más lesivas con el medio ambiente y un máximo de 15 para el resto. El Ministerio asegura que dichos plazos son una mera propuesta que todavía debe ser tramitada y aprobada, pero para Fariña ya justifican la movilización de todo el sector. "Aunque todavía deba tramitarse, ya hay planes de contingencia en marcha en importantes empresas, porque uno no puede esperar a ver cómo se resuelven las concesiones (...) Galicia tiene una industria mar-alimentaria puntera que ha servido de modelo para otros países y que necesita seguir creciendo. Legislar del mismo modo toda la costa nacional no tiene sentido, porque nuestras circunstancias son totalmente distintas a las de Canarias, Murcia o cualquier otra comunidad".

CRITERIOS. De igual modo, el empresario critica la propuesta de vetar toda actividad que se pueda desarrollar en el litoral, una postura que, a la espera de la futura ley, ya está siendo aplicada en algunas resoluciones de concesiones. Entre ellas, la de la empresa boirense Paquito, que al solicitar la prórroga fuera de plazo se ha visto obligada a solicitar una nueva concesión y se ha topado con que ahora debe trasladar las cámaras frigoríficas, el cocedero de mejillón y la planta de elaboración. "No se puede trocear una planta en tres o cuatro partes como están planteando. Las salas de frío o de elaboraciones deben estar cerca a las instalaciones donde se trata el producto. Primero por competitividad y porque no estamos solos en el mercado, nuestro sector es tremendamente dinámico", advierte Fariña.

La patronal critica que el Ministerio proponga "criterios abstractos" para la regulación de las futuras concesiones, «como los posibles efectos cambios climático o la posible acumulación de empresas. Lo que queremos es que se apliquen criterios totalmente objetivos (...) Dicen que lo hacen para luchar contra el cambio climático, pero nosotros somos empresas sostenibles y cuidamos el medio ambiente porque vivimos de el. Tenemos una huela de CO2 ridícula y devolvemos el agua al mar en igual o mejores condiciones que la captamos», reivindica el empresario

Por otro lado, la confederación critica que la modificación del Reglamento General de Costas se iniciara "sin notificárselo a los agentes implicados" y que luego decidiera detener su tramitación sin dar parte. "Se presentaron unas mil alegaciones y como el tiempo avanzaba sin novedades todo el mundo pensaba que se el texto se iba a adaptar. Sin embargo, luego nos encontramos con que no atienden nuestras quejas y que plantean criterios nuevos que empeoran la situación. Si esto no cambia, habrá muchos cierres".

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