"Desconocemos los motivos que justifican la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana sin diálogo y de forma arbitraria, pero queremos dejar constancia de nuestro hartazgo y el de la mayoría de los ciudadanos". Así de contunden se expresó Víctor Vasco, responsable de SUP Galicia, durante la lectura del manifiesto que acompañó a la concentración de decenas de policías y guardias civiles para protestar contra las reformas previstas por el Gobierno en la conocida como Ley Mordaza.
Los funcionarios aseguran que esa batería de cambios les dejará totalmente indefensos en un contexto "y agravarán las agresiones a policías, que se están disparando, y nuestras actuaciones se están viendo comprometidas por la pérdida del principio de autoridad, algo fundamental en la protección del orden constitucional y la paz social".
Acompañado por el representante del sindicato policial UFP, Agustín Vigo, criticó que esta reforma "pactada en los despachos" amenazará la vida de los ciudadanos y dejarán desprotegidos a los policías en su labor diaria.
Advierten de un aumento de las agresiones a agentes por la pérdida del principio de autoridad, "un principio fundamental"
Por este motivo, Víctor Vasco reclamó una serie de elementos para poder avalar su profesionalidad, como la dotación de cámaras para grabar todas las intervenciones y que las imágenes sirvan como prueba ante un juez, "como ocurre en otros países europeos y del resto del mundo".
También pidió la entrega del millar de pistolas táser que fueron compradas hace años por el Gobierno pero que todavía no han sido repartidas a los agentes. "Mientras no dispongamos de esos recursos, quedaremos expuestos a los pies de los caballos con los cambios que proyecta el Ejecutivo central", que ha demostrado no tener los conocimientos suficientes para afrontar la reforma.
Entre las novedades más conflictivos que se contemplan está la obligación de realizar una identificación en un plazo máximo de dos horas, la posibilidad de grabar a los agentes y difundir sus rostros en redes sociales, "lo que atentará totalmente contra nuestra seguridad y la de nuestras familias", o la autorización de celebrar manifestaciones sin previo aviso o de cortes espontáneos de carreteras.
