El futuro de Nexia Infraestructuras se oscurece con cada día que pasa y las dudas, en lugar de ir a menos, se alimentan de la incertidumbre que reina en la constructora.
Una de las grandes preguntas que más se formulan trabajadores y acreedores es quién es el dueño de Nexia El anterior administrador, Pablo Valiñas Monteagudo, informó tras la venta de la sociedad de que se trataba de Javier López, un empresario "solvente" que pretendía reconducir la empresa con el apoyo de un grupo catalán. Pocos días después, desde el círculo de acreedores afectados por las deudas, se añadía que el segundo apellido era Pino y que la firma que había adquirido a la constructora era una empresa de alquiler de maquinaria con sede en Salvaterra do Miño.
Todas las partes dieron por bueno el perfil durante dos semanas, hasta que ayer otro hombre llamado Javier López Pino, comercial de una empresa informática y residente en Salvaterra, dio la voz de alarma. "Me están confundiendo con él y me están reclamando las deudas".
De la noche a la mañana comenzaron a lloverle llamadas de proveedores y subcontratas convencidas de que él era el hombre que buscan, al que le piden rendir cuentas para saldar unas facturas pendientes que, según los afectados, ascienden a 8,5 millones de euros. La presión hizo que recurriera a este medio y al propio grupo de acreedores para dejar claro que no está vinculado con Nexia, ni con la anterior ni con la nueva gerencia.
Inspección de Trabajo mediará en el caso y los acreedores intentarán reunirse con la Deputación para cambiar los contratos
DESPIDOS. Fuentes del entorno de Pablo Valiñas ratifican que el nuevo responsable es Javier López, pero no se pronuncian sobre el segundo apellido que ninguna de las fuentes consultadas ha podido desvelar. El empresario en cuestión ha declinado todas las solicitudes de información cursadas por este periódico y ha dejado sin respuestas a muchas empresas que le piden aclarar el devenir del negocio. Sus visitas a las instalaciones de Marcón son intermitentes y sin previo aviso.
Según fuentes próximas, ha celebrado una reunión con un representante sindical de la CIG y varios encuentros con los encargados de la plantilla, a los que ha trasladado que las decisiones a adoptar dependen de lo que digan los números. Al parecer, el empresario encargó una auditoría que hoy mismo debería arrojar algo de luz sobre el futuro más inmediato de la firma, a la que algunos ya sitúan en posición de concurso de acreedores.
Agentes próximos a la plantilla aseguraban ayer que la empresa contempla convocar un Expediente de Regulación de Empleo para la práctica totalidad del personal, mientras otros aseveran que la intención es un despido general. Buena parte de la plantilla, integrada por algo más de 60 trabajadores, espera que sea esta segunda opción, pues les permitiría acceder a sus derechos como empleados y recolocarse en otras empresas constructoras, carentes de ciertos perfiles profesionales. Ahora mismo muchos están de vacaciones forzosas y otras viendo el tiempo pasar en casetas, a la espera de recibir un material que todo apunta a que no va a llegar.Las suministradoras mantienen el grifo cerrado a Nexia.
Este mismo jueves el Concello de Poio comunicó que iniciaba oficialmente la rescisión de los contratos adjudicados a la empresa, tal y como han hecho los ayuntamientos de Pontevedra y Vilagarcía. Además, la CIG informó de que el próximo martes representantes de los trabajadores se reunirán el próximo martes con Inspección de Trabajo y José Manuel Rodríguez Fernández, el representante de la empresa.
Entretanto, el grupo de afectados (en el que se calcula que puede haber 300 empresas proveedoras y prestadoras de servicios) sigue creciendo. Este jueves sumó nuevas incorporaciones, entre ellas una empresa suministradora de material de Lugo, que recurrió a ella para seguirle la pista a un recibo pendiente de cobro.
Además, los afectados han solicitado una reunión a la Deputación para instar a los concellos a introducir cláusulas en los contratos que garanticen el pago a las subcontratas.
