El fenómeno okupa sigue a la orden del día en Pontevedra y sus alrededores. Un ejemplo más se produjo esta misma semana, cuando los propietarios de un inmueble ubicado en la rotonda de O Marco, en Marcón, se percataron de que personas desconocidas habían allanado su vivienda, haciéndola temporalmente suya. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar el lunes en respuesta al aviso de los dueños, y solo pudieron certificar la entrada por las bravas de los nuevos inquilinos, que, según indicaron, no tenían intención de dejar su lugar de residencia.
La entrada en la casa se produjo ya hace algunos días, según explicaron algunos vecinos a Diario de Pontevedra, que señalaron que tienen constancia de su presencia desde hace al menos una semana, tal vez más. Los dueños pudieron confirmar lo sucedido cuando, por medio de una de las inmobiliarias que gestionan la venta de la vivienda (pretendida operación que ahora quedará suspendida sine die), vieron que la puerta estaba forzada y que habían colocado unos tablones. Los asaltantes habían superado la resistencia de la cerradura de la puerta, aparentemente nueva, lo mismo que las ventanas de la segunda planta de la casa, que parece han sido colocadas recientemente. Precisamente es en esa segunda planta donde se habrían instalado los okupas, según parece.
Los agentes de la Comisaría Provincial de Pontevedra realizaron el informe oportuno, que, unido a la denuncia, trasladarán a las autoridades judiciales para empezar a tramitar el lanzamiento de esas personas, que, según fuentes oficiales, son un varón y dos mujeres, además de un animal doméstico.
FISCALÍA. Por otra parte, precisamente este martes trascendía la Instrucción 1/2020 de 15 de septiembre emitida por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, esto es, en casos como el ocurrido en O Marco.
Dicha orden de la Fiscalía General del Estado detalla que "la ocupación de bienes inmuebles constituye un fenómeno que, desde su misma aparición, ha generado preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía. A los perjuicios que estas acciones ocasionan a los titulares de los inmuebles ocupados, se unen los problemas de convivencia a que pueden dar lugar en el entorno social en el que las mismas se producen".
Por ello, Delgado adelanta que "se efectúa un estudio de los tipos penales de ocupación inmobiliaria y de allanamiento de morada, considerando como tal las denominadas segundas residencias o residencias de temporada, y da respuesta a las diferentes situaciones que se plantean en la práctica, haciendo especial referencia a los hechos de esta naturaleza cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada". La instrucción tiene por objeto que los fiscales refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los perjudicados por estos delitos, "recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del la denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva".
