El vilanovés Santórum, el enlace, conocido por su pericia con las planeadoras

Piden 13 años y medio para los dos guardias 'en nómina' de los narcos

Destinados en el ECO y en la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, echaron por tierra numerosas investigaciones abiertas
Uno de los ordenadores a los que accedió Suárez
photo_camera Uno de los ordenadores a los que accedió Suárez

El fiscal Antidroga, Luis Uriarte, pide penas que suman 13 años y medio de cárcel para el ex miembro del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Pontevedra Javier Suárez y para su compañero en la Policía Judicial Diego Fontán, acusados de pasarse al otro lado de la ley ante el jugoso olor del dinero del narcotráfico de las Rías Baixas. Ambos agentes, detenidos en 2013 tras ser descubiertos por sus propios compañeros, que no daban crédito al modo en el que se estaban viniendo abajo sus investigaciones, "formaban parte de un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de información secreta y datos personales que obraban en poder de la Guardia Civil para el desarrollo de investigaciones en materia de narcotráfico", según revela el fiscal Antidroga, Luis Uriarte, en el último relato de hechos que firmó en Pontevedra.

Javier Suárez aprovechaba su destino profesional (era miembro del ECO Galicia) para hacerse con datos relacionados con las investigaciones, así como para acceder a información personal de sus propios compañeros, según explica el fiscal.

Diego Fontán realizaba funciones similares, aunque en su caso en el Equipo de Drogas y Crimen Organizado (EDOA), aprovechando que la Policía Judicial comparte dependencias con ellos. Además, difundía la información que le facilitaba Suárez, "bien a los directos interesados" (narcotraficantes), bien a través de Juan Carlos Santórum, también procesado por estos hechos.

El fiscal pide penas de 13 años y medio de cárcel para cada uno de los exmiembros de la Guardia Civil de Pontevedra, al considerarles autores de un delito continuado de revelación de secretos en concurso con un delito de encubrimiento, otro delito contra la intimidad cometido por funcionario público y uno más de pertenencia a grupo criminal.

Los hechos causaron un enorme revuelo en el seno de la Comandancia y su esclarecimiento supuso "un alivio" para ellos.

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